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Sin sorpresas. La convocatoria del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al Partido Popular (PP) y a los gobiernos de Canarias y Ceuta para abordar la modificación de la ley de extranjería que permita una distribución de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades resultó un fracaso.
Meses después de que los populares decidieran ausentarse de la última reunión, este jueves volvieron a sentarse las partes implicadas en busca de una salida -en la Oficina del Gobierno de Canarias en Madrid y sin presencia de fotógrafos-, aunque las posibilidades de un acercamiento eran pocas, tal como ocurrió.
Frente a la posición de Canarias -no solo del Ejecutivo, sino de los grupos parlamentarios- de plantear el cambio normativo como la única vía de salida a la situación de los jóvenes migrantes tutelados por la comunidad autónoma y para aliviar la saturación de sus recursos, el Partido Popular ha venido modificando sus exigencias para alcanzar un acuerdo.
En esta ocasión, y en una nueva vuelta de tuerca, pusieron sobre la mesa abordar la política migratoria desde una perspectiva general y, por primera vez, rechazaron abiertamente la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, la fórmula que han pedido Canarias, Ceuta y el Gobierno central.
El objetivo de este cambio normativo es permitir que la responsabilidad de los jóvenes que arriban a las costas del archipiélago sea compartida entre todas las comunidades, y no quede en manos solo de los territorios frontera.
En los últimos días, y después de que el líder de los populares canarios, Manuel Domínguez, manifestara que era «oportuno» volver a sentarse a negociar este asunto, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha mantenido que el apoyo de los conservadores requiere que el Estado suscriba una propuesta que ya firmaron Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
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B. Hernández
Además de los cambios que ha ido manifestando desde que se inició esta negociación para distribuir a los menores no acompañados, el PP cuenta ademas con la presión añadida por la decisión de Vox de suspender la negociación de los presupuestos en las comunidades donde su voto es decisivo, debido al acercamiento de los conservadores a las tesis del Gobierno central en materia de extranjería, según indicó un portavoz de la ultraderecha esta semana.
«Si esta postura es definitiva o no, solo lo puede responder el Partido Popular», indicó al término del encuentro el ministro Torres, que insistió en que «no nos vamos a rendir».
En similares términos se expresó un portavoz del presidente canario, Fernando Clavijo, quien abandonó la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid al acabar la reunión sin hacer declaraciones y con cara de estar «muy enfadado», según fuentes presenciales.
El Ejecutivo autonómico, apuntan desde Presidencia, seguirá trabajando «en buscar un camino que permita avanzar» y en esa tarea se sentarán «una y mil veces porque es nuestra responsabilidad».
La posición de Canarias pasa ahora por consensuar una propuesta con el Pacto Canario por la Migración -en el que están presentes todos los grupos parlamentarios excepto la extrema derecha- con la que acudir a la Conferencia de Presidentes que se celebra la próxima semana.
En declaraciones a los medios de comunicación una vez finalizado el encuentro, el ministro de Política Territorial agradeció a las partes que respondieran a su convocatoria - «por lo menos nos hemos vuelto», dijo- aunque lamentó que la conclusión fuera que el Partido Popular «no está por la modificación del artículo 35 (de la ley de extranjería), a pesar de que el Gobierno de España, Canarias y Ceuta lo ven como la solución definitiva».
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, acusó al Gobierno de acudir a este encuentro «con las manos vacías» y criticó que su único empeño sea un cambio normativo para «imponer» a las comunidades un reparto de los menores y «desentenderse» de los costes de financiación que implican su atención hasta que cumplan la mayoría de edad.
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A su juicio, «el problema no se arregla dándole un dinero a las comunidades» porque cuando una autonomía asume la atención de un menor «lo hace hasta la mayoría de edad y, a continuación, los incluye en planes de emancipación».
Por ello, Tellado ha exige al Gobierno «un cambio en su política migratoria» y criticó que haya hecho «un llamamiento completamente irresponsable a la inmigración ilegal, un efecto llamada que ha llevado a mafias a traficar con personas y algunas de ellas pierden la vida en el mar».
Por eso, pidió al Estado que no se desentienda «de un problema que ha creado con su incompetencia» y se ha remitido al documento firmado en septiembre por Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo para afrontar el problema titulado Plan de acción contra el descontaron migratorio.
Censura que el Gobierno de Pedro Sánchez esté «en otras cosas» porque su objetivo, dijo, es el de «normalizar» la actividad de Ángel Víctor Torres, a quien citó como «alias Rudolf, según la trama», en referencia al nombre que figura en la documentación aportada por el comisionista de la trama del caso Koldo, Víctor de Aldama.
Para Tellado, el ministro pretende actuar «como si no fuese sujeto de investigaciones policiales y judiciales» y volvió a reclamar al Ejecutivo «más apoyo» a Canarias y Ceuta, que acuerde con Europa la colaboración de Frontex y la activación del mecanismo europeo de reparto de menores con otros países de la UE.
Tanto el ministro Ángel Víctor Torres como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han reiterado que «no se rendirán» en la búsqueda de una salid a la situación de los menores migrantes no acompañados que están en los saturados centros de acogida de la comunidad autónoma y seguirán buscando una salida estable y duradera.
Una vez constatado en el encuentro de este jueves que el Partido Popular no está en el camino para modificar la ley de extranjería, ambos dirigentes tienen previsto volver a hablar durante este viernes.
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