Evitar el ruido y centrar los problemas de las islas, reto del Debate de la nacionalidad

Será un pleno en el que probablemente saldrán a relucir los presuntos casos de corrupción y su ramificación en las islas. Sobre todo, con el Partido Popular en ataque y el PSOE en la defensa de su actuación como parte del Pacto de las Flores en la pasada legislatura y, fundamentalmente, en su actitud a la hora de afrontar comportamientos corruptos.

Evitar el ruido en torno a este asunto y que se extrapole la crispación que se vive en el Congreso de los Diputados, de tal manera que el debate se centre en los asuntos del archipiélago será uno de los retos de este pleno del Parlamento de Canarias.

La inmigración será una de las cuestiones que ocupen parte de la sesión, tanto por la presión que sufren los servicios públicos de algunas islas, como El Hierro, como por la emergencia humanitaria que significa para la comunidad autónoma atender a 5.500 menores no acompañados.

Este es además uno de los grandes asuntos en los que casi todas las formaciones políticas han mostrado su respaldo al Gobierno. Tal es así que incluso el líder del Partido Popular y vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, ha reclamado a sus compañeros en la península que bajen el tono ante algunas declaraciones claramente xenófobas.

Clavijo cuenta con el respaldo de todo el arco parlamentario -excepto la ultraderecha- en su reclamación al Estado para que proceda a una modificación legislativa que permita que la acogida de estos niños y niñas sea responsabilidad de todas las comunidades y no queden a expensa de una solidaridad que hasta ahora no ha funcionado.

La solución canaria -aprobada por el Parlamento después de una comunicación del Ejecutivo regional- aún no tiene respuesta por parte del Estado.

También las emergencias que ha sufrido el archipiélago en este tiempo estarán presentes en la intervención del presidente, desde la crisis hídrica -declarada en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife- a la energética, declarada tras el apagón sufrido por La Gomera en verano.

La convocatoria de un concurso de emergencia el pasado mes de noviembre aún no cuenta con las propuestas económicas para ser enviadas al Ministerio para la Transición Ecológica, que se encargará de asumir su coste. Desde el Gobierno de Canarias se ha subrayado la colaboración dispuesta por este departamento.

Pero con Teresa Ribera, una de cal y otra de arena. Si bien desde el Ejecutivo regional se ha destacado su disposición en distintos asuntos, su negativa a ceder todas las transferencias en materia de Costas ha llevado a Gobierno autonómico a acudir al Tribunal Constitucional ante lo que considera una injerencia de las competencias que el otorga el Estatuto.

Esta situación se ha producido después de que el Estado haya declarado la caducidad de la concesión del hotel Oliva Beach -de la empresa RIU-, ubicado en en el parque natural de las Dunas de Corralejo.

No será el único asunto relativo a las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez que estará sobre la mesa. Aunque la agenda canaria está pactada desde el principio de la legislatura nacional con el PSOE -previamente se había cerrado también con el PP- la negociación volverá a la palestra una vez se aprueben los Presupuesto Generales del Estado, un asunto que se ha ido retrasando por la complicada situación nacional.

Además, la inexistente información de Madrid sobre sus viajes a Mauritania y sobre todo Marruecos para abordar el fenómeno migratorio, u otros asuntos que tienen repercusión en el archipiélago, incluida la posible cesión del control del espacio aéreo del Sáhara occidental, que se realiza desde Gran Canaria, volverá a estar en el debate.

Previsiblemente, también se abordará la petición de que se flexibilice la regla de gasto para Canarias, como comunidad autónoma cumplidora de la senda de estabilidad.

La oposición no dejará pasar la oportunidad de volver a recordar algunos incumplimientos del Gobierno, sobre todo en materia fiscal, ya que uno de los compromisos del presidente en su discurso de investidura fue bajar el IGIC. Igualmente, reprocharán el aumento de cargos públicos en un 30%, lo que hace de este Gobierno el que tiene la mayor estructura de la historia de Canarias.

Uno de los grandes proyectos del Gobierno en este mandato, el decreto ley de Vivienda, cuenta con el beneplácito de los promotores y constructores, pero no con la oposición.

Mientras NC ha criticado la línea «desarrollista» que tiene el Gobierno, los socialistas han señalado que este texto -que tampoco gusta a una parte de Coalición Canaria- es «un golpe de estado al planeamiento».

El primer Debate de estado de la nacionalidad canaria de esta legislatura se celebra los próximos 12, 13 y 14 de marzo y, como es habitual, se inicia con la intervención del presidente.

Le seguirán siete portavoces, todos hombres, que ofrecerán su diagnóstico de la comunidad autónoma. Fernando Clavijo tendrá un máximo de dos horas, aunque probablemente no consumirá todo el tiempo.

Por la tarde será el turno de la oposición por espacio de 40 minutos -Grupo Socialista, Nueva Canarias y Vox-. El presidente podrá contestar de forma conjunta o individual a los portavoces, que dispondrán de una réplica de diez minutos y cierra este bloque el presidente.

La sesión, según el orden del día fijado por el Parlamento, se reanuda al día siguiente con los grupos que apoyan al Gobierno e igualmente de mayor a menor: CC, PP, ASG y Grupo Mixto (AHI). El formato y los tiempos serán los mismos que para la oposición.

Hasta las 14.00 del miércoles, los grupos podrán presentar sus propuestas de resolución «congruentes con los temas debatidos». Estas iniciativas serán defendidas -en un turno único de 30 minutos- y votadas el jueves por la sesión del jueves por la mañana.