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Los diputados del Parlamento Europeo procedentes de las regiones ultraperiféricas (RUP) enmendarán la directiva que fijará el nuevo impuesto verde para intentar eximir a estos territorios alejados de la tasa al combustible en las conexiones aéreas y marítimas.
Así lo ha indicado el diputado canario del Grupo Socialista, Juan Fernando López Aguilar, quien ha señalado no obstante que la estrategia verde hacia una economía libre de carbono «es un objetivo inapelable e indiscutible» de la Unión Europea.
El horizonte fijado por Bruselas es la reducción de un 55% de gases de efecto invernadero en 2030 y del 100% 2050.
Canarias ya obtuvo el respaldo de la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, a que este impuesto no se aplicara en los próximos ocho años entre las RUP y sus estados.
Mientras que el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, «garantizó» esta semana en el Parlamento regional que tampoco se aplicará a las conexiones interinsulares, pero reconoció que será muy difícil conseguir la exención en la relación entre el archipiélago y el resto de Europa.
Al respecto, Aguilar considera que, aunque uno de los grandes objetivos de Bruselas es ser líderes en la transición justa hacia una economía descarbonizada, «hay márgenes de maniobra» porque el derecho europeo tiene trasposición en los estados miembros, «que tienen capacidad para adaptarlo a sus propias condiciones, siempre que respeten las estrategias».
En este camino, manifestó, los eurodiputados RUP están trabajando «para hacer valer las dificultades especiales de las regiones remotas» y lo primero que se ha obtenido en la fase de enmiendas es que la Comisión acepte eximir a las RUP del objetivo 2030 en los vuelos de conexión con sus estados de origen.
El eurodiputado asegura que una vez conseguido este objetivo «queremos más. Queremos que se amplíe al conjunto de la Unión Europea y, por supuesto que se amplíe a las conexiones interinsulares en las regiones en las que hay islas interconectadas entre sí formando un sistema, sobre todo Azores y Canarias», porque, puntualiza, «no es el caso de todas las ultraperiféricas».
López Aguilar insiste en que el objetivo de reducir las emisiones «es inapelable» y, por tanto, el propósito es «buscar condiciones de adaptación que sean justas, que no se impongan condiciones inasumibles para que no haya perdedores de la economía verde y en las que Europa haga que se empobrezcan regiones que ya han acumulado el impacto de los sucesivos episodios de crisis».
En su opinión, «nadie discute que Europa tiene que ponerse a la vanguardia de la economía verde», pero reconoce que el sistema legislativo europeo es de gran complejidad y el equipo negociador es determinante.
Por eso, indica que hasta el próximo 6 de junio que se aprueba la directiva de la tasa verde, el procedimiento «aún tienen mucho camino por delante».
Y en ese empeño, insiste, están los eurodiputados de las regiones ultraperiféricas «cumpliendo con nuestro deber al presentar las enmiendas y convencer a los grupos parlamentarios, primero a los que pertenecemos y también a los demás, y posteriormente las batallaremos en el pleno».
Reconoce que son «objetivos difíciles» pero a la vez mantiene que las ultraperiféricas tienen «posibilidades» de quedar exentas del impuesto verde porque son las únicas regiones que tienen base jurídica propia».
Es conocedor de que «esta situación produce alarma» en Canarias por las posibles consecuencias que puede generar, apunta que «también se debe saber que la comunidad autónoma debe estar con la Unión Europea en el proceso de descarbonización, aunque con las excepciones propias de las RUP».
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