El Estado se compromete a ampliar la partida y adelantar el pago para las guaguas gratis

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, consiguió ayer que el Gobierno de España se comprometiera a transferir los 120 millones de euros para salvaguardar la gratuidad de las guaguas y que el abono se adelante a septiembre de este año, todo ello, con el fin de agilizar luego las transferencias a los cabildos y operadores. Fernández, que espera que estos 120 millones den para cumplir el gasto de las guaguas gratis en las islas, prevé que podría llegarse hasta los 140 millones, por lo que no descarta solicitar que se aumente la cantidad destinada.

Estas y otras preocupaciones las trasladó la directora general de Transportes este jueves en Madrid en la Comisión de Directores Generales de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas. De hecho, desde Canarias preocupa la «seguridad jurídica» a la hora de recibir las ayudas para la gratuidad en el transporte. Por ello, el Gobierno de España se comprometió a solicitar un informe a la Abogacía del Estado que recoja por escrito los acuerdos cerrados ayer al fin de dar a Canarias «toda la seguridad jurídica».

Dentro de los acuerdos, Madrid aseveró que la cuantía se transferirá «de forma íntegra y temprano».

El gasto, de 120 millones de euros, estará distribuido en dos anualidades (2025 y 2026) por importes de 78 millones y 42 millones de euros. Fue el acuerdo al que llegó el Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero. Por tanto, desde el Ejecutivo regional se ha pedido que se anticipe la cantidad del primer pago, correspondiente a este año, porque el dinero «no puede llegar a fin de año». Todo ello, debido a que son las «entidades locales» las que realizan los esfuerzos para mantener estas ayudas.

Y es que el pasado enero, el llamado decreto ley 'ómnibus', entre cuyas medidas estaba mantener la gratuidad del transporte público en las islas, fue rechazado por el PP, Vox y Junts. No obstante, esta situación se pudo revertir días después con un nuevo decreto aprobado gracias al apoyo del partido independentista. En el documento también se incluye otros aspectos que afectan de manera directa a las islas, como las ayudas para la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica.

Pero desde el archipiélago el nuevo texto se ve con preocupación, ya que, como explicó Fernández, la nueva norma juntó «las ayudas de la península con las canarias», por lo que las dudas que se puedan generar a raíz de la interpretación del texto «ponen en riesgo la propia tramitación» de esta subvención.

El documento suscita interrogantes, además, en su manera de implantarlo, aspecto por el que Fernández alertó que, si no se aclara lo que queda pendiente, no se pueden ver en la situación «de tener que devolver 120 millones de euros por requisitos cuya interpretación sigue generando dudas». Por ello, la directora general de Transportes pidió «claridad en la norma y garantías» para que ninguna corporación insular tenga que devolver los fondos «por interpretaciones cambiantes».

Durante la comisión de directores generales de transporte de los territorios del país, Fernández también puso sobre la mesa las autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Una condición que está supeditada a criterios ambientales y a la carga de tráfico que haya en el archipiélago. Sobre esta cuestión, la directora general remarcó que las islas se encuentran protegidas frente a algunas sentencias de otras comunidades autónomas.

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