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El Gobierno estatal da carpetazo a la aspiración de Canarias de participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos isleños, porque mantiene que la legislación vigente reserva a AENA en exclusiva la gestión de los aeródromos de interés general, entre los que se encuentran los canarios.
«La propuesta para la cesión de la gestión de los aeropuertos que forman la parte de la red de AENA no es factible en la actualidad, dada la composición accionarial y el modelo de empresa elegido», señala el Ministerio de Transportes en respuesta a una pregunta escrita de CC en el Congreso, en la que también recalca que ya existen órganos de coordinación multilateral donde las comunidades autónomas pueden plantear sus iniciativas.
En el documento registrado el 13 de octubre el Ejecutivo estatal recuerda que AENA es una sociedad mercantil estatal cotizada, cuyo capital social pertenece en un 51% al Estado y un 49% a accionistas privados, y mantiene que el actual modelo de gestión en red «es sin duda el que mejor satisface los intereses generales de nuestro país, tanto a nivel global como particular de los distintos territorios y regiones».
La cogestión de los aeropuertos que el Gobierno central no ve factible con la legislación actual es una antigua reivindicación compartida por todos los territorios extrapeninsulares.
En enero de 2020 los presidentes de Gobierno de Canarias y Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla celebraron una cumbre de transporte y en su declaración institucional solicitaron la gestión compartida de las instalaciones aeroportuarias para ajustarla a cada realidad económica y social.
Los cuatro territorios consideran la cogestión que demandan como un elemento clave para mejorar la conectividad de sus residentes e igualar sus condiciones a las del resto de ciudadanos del Estado,
El Estatuto de Autonomía de Canarias vigente desde 2018 establece en su artículo 161 que corresponde a la Comunidad Autónoma la participación en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general «en los términos que determine la normativa estatal», por tratarse de redes esenciales para la conexión como región ultraperiférica.
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