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Mejorar las políticas económicas y sociales y contribuir a redistribuir la riqueza son los objetivos que persiguen las enmiendas del Grupo Socialista a los presupuestos de Canarias para 2025.
En total, ha propuesto 445 modificaciones -que suponen una reorganización del gasto de 358 millones, más otros 250 millones mediante una tasa turística-, aunque el portavoz, Sebastián Franquis, prevé que los grupos del pacto pasen el rodillo y les echen abajo la mayoría.
El dirigente socialista apuntó que estos son los segundos presupuestos del Gobierno de CC y PP y «van a ser uno de los más enmendados de la historia de Canarias.
Criticó que, aunque se han elaborado en un momento de crecimiento de la economía canaria, «consolidan la desigualdad, confirman los recortes del presupuesto anterior y disminuyen, frenan y limitan los servicios esenciales». Por todo ello, el PSOE considera que estos «no son los presupuestos que merece Canarias».
El eje de las enmiendas presentadas es la política fiscal que plantea y la ausencia de mejoras sociales. En este sentido, Franquis reclamó un esfuerzo investigación e innovación como fórmula para mejorar el capital humano, además de la economía digital y energética como manera de impulsar la productividad. Sin embargo, criticó que las partidas para estos programas se siguen reduciendo.
En cuanto a política social, los socialistas proponen un impulso a las políticas educativas y, especialmente cumplir las demandas de las universidades públicas «que siguen mendigando recursos para sus gastos mínimos».
Por otro lado, cargó contra la política fiscal del Gobierno «que favorece al 10% de la población que acumula el 60% de la riqueza» y perjudica a más de la mitad de los canarios, dijo, con iniciativas como la eliminación de las deducciones fiscales que existían desde 2023y que se plantearon para combatir las consecuencias del incremento de la cesta de la compra.
Asimismo, denunció que a pesar del crecimiento económico no se produce una redistribución de la riqueza. Solo existen dos posibilidades, detalló, subiendo el salario vía negociación colectiva, y a través la política fiscal, que es lo que plantea el PSOE.
Por eso, considera que ante la previsión de 18 millones de turistas este año, «lo lógico y racional» sería implantar una tasa turística que excluya a los residentes «que ya pagan el IRPF y el IGIC».
Además, Franquis denunció que el Gobierno utiliza el presupuesto para modificar leyes -que según explicó lo impide el Constitucional- y además del grupos del pacto han utilizado las enmiendas para modificar la Ley de Servicios Sociales «a escondidas».
Señaló que se pretende cambiar la forma en que se presta el sistema de dependencia, dando la posibilidad a que los ayuntamientos decidan si se presta el servicio o dan una subvención a las familias que lo solicitan. El PSOE utilizará «todos los medios a su alcance para impedir esta atrocidad», dijo.
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