El tribunal del Gobierno deja sin control a Santiago Negrín

Como se recordará, en una primera resolución Pedro Gómez Jiménez inadmitió el recurso al considerar que no era competente, alegando que tanto Radiotelevisión Canaria como sus sociedades eran fiscalizadas por el Parlamento. El recurso ante esa inadmisión fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que enmendó la plana al tribunal del Gobierno -está adscrito a la Consejería de Hacienda, que fue la que nombró a Pedro Gómez- y obligó a éste a pronunciarse sobre la suspensión pedida.

En la resolución notificada ayer, el Tribunal Administrativo prácticamente se limita a hacer suyos los argumentos de Televisión Canaria, todo ello sin entrar en el fondo de la cuestión, que es si Santiago Negrín es competente o no para iniciar y resolver la licitación y si la misma está o no plagada de irregularidades.

Pedro Gómez da por bueno el argumentario de Televisión Canaria de que, si suspende la licitación, estaría primando el interés particular sobre el público, pues se pondría en riesgo la continuidad de los informativos televisivos y del propio canal ante el hecho de que a finales de junio vence la prestación de servicios por parte de Videoreport Canarias. Así, se subraya que es preciso un periodo de «al menos seis meses para instalar todo el despliegue técnico necesario para prestar el servicio con garantías». Es tal la coincidencia entre el tribunal dependiente del Gobierno y el canal público de televisión que Pedro Gómez transcribe literalmente, a lo largo de dos folios, las tesis de Televisión Canaria en ese sentido.

Con su decisión, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias hace, en la práctica, justo lo contrario de lo que había señalado la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En un auto notificado el pasado 4 de diciembre, esa instancia judicial corregía la decisión de Pedro Gómez y le advertía de la necesidad de examinar la legalidad del concurso convocado por Santiago Negrín porque, de lo contrario, “estaríamos ante un poder adjudicador sin control, fiscalización o supervisión jurídica, en vía administrativa”. Y añadía el TSJC que, por encima del «interés público en que el servicio se preste efectivamente», se debía tener presente que estamos ante «un contrato sujeto a regulación armonizada, donde es necesario garantizar al máximo los principios de concurrencia, transparencia y eficacia imperantes en la contratación administrativa, al parecer y a tenor de la resolución recurrida y de la emitida por el Parlamento, no hay quien supervise a quien está actuando como poder adjudicador”. Mencionaba así el TSJC el hecho de que el Parlamento había señalado, en un informe de sus juristas, que no es de su competencia fiscalizar los contratos de la tele o del propio ente RTVC.

Pedro Gómez obvia todo eso, elude entrar en el fondo del asunto, y se apunta a la tesis del Gobierno de Fernando Clavijo, según el cual Santiago Negrín se gobierna por su cuenta, sin contar con el Consejo Rector y sin fiscalización administrativa alguna.

El concurso de informativos de Televisión Canaria se encuentra judicializado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El recurso en contra de la licitación fue presentado por Videoreport Canarias en Santa Cruz de Tenerife, mientras que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en la capital grancanaria se recurrió la inadmisión inicial del escrito de Videoreport Canarias por parte del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias. El TSJC no se ha pronunciado, como tampoco ha hecho aún este tribunal dependiente del Gobierno, sobre el fondo del asunto, que es si el concurso está ajustado a derecho.