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El proyecto de ley de servicios sociales que ha presentado el Gobierno en el Parlamento recibe una lluvia de enmiendas, entre ellas las 90 del Partido Popular (PP) con las que pretende provocar un «cambio de 180 grados» ante lo que consideran un texto «desastroso».
El presidente del PP, Asier Antona, fue quien empleó ayer esos términos al informar de los «principios básicos» que Coalición Canaria (CC) tendrá que atender si quiere evitarle al Gobierno la derrota de su proyecto legislativo.
Así, los conservadores exigen un incremento notable de los recursos que destina el Ejecutivo a las políticas sociales. «Con los 396 millones que actualmente están anotados en el Presupuesto sería imposible cumplir con este proyecto de ley», aseguró la diputada Josefa Luzardo. Por ello, proponen aumentar la ficha financiera hasta los «800 millones a lo largo de los próximos tres años», indicó Antona.
Esto significaría un 10% del Presupuesto vigente; «a medida que aumentaran las cuentas, también lo haría la partida», puntualizó después Luzardo.
Asimismo, el PP exige modificar de nuevo la Prestación Canaria de Inserción (PCI). «Ahora mismo representa un problema para la gente que se le agota el tiempo de los dos años a los que tiene derecho a recibir la PCI. Queremos que no haya un límite temporal», explicó la diputada conservadora.
El PP incluye un catálogo de servicios y prestaciones con la exigencia, además, de que el Gobierno lo apruebe a «los dos meses desde que entre en vigor la ley».
En este sentido, Josefa Luzardo destacó el foco que pone su partido en la atención temprana de los niños de cero a tres años.
Igualmente, se alude a un nuevo plan de infancia y familia y a un marco de concertación con el llamado tercer sector.
Al respecto, la diputada portavoz en asuntos sociales explicó que en estos momentos las organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin ánimo de lucro firman convenios con la Administración autonómica por un año, lo que genera «incertidumbre e inestabilidad en los proyectos».
Por eso, el PP plantea la necesidad de que esos convenios se firmen a «cuatro años» y además, «que el Gobierno adelante hasta el 75% de la subvención, para procurarles mayor estabilidad».
La portavoz del grupo, Australia Navarro, destacó el trabajo «riguroso y responsable» que han hecho.
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