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En un auto de quince folios, el magistrado-juez Alberto Puebla, del Juzgado de Instrucción número 1, desarma punto por punto la denuncia presentada en plena precampaña electoral por Fernando Bañolas, entonces consejero del Cabildo, contra el entonces vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Deportes, Ángel Víctor Torres, sobre la gestión del Instituto Insular de Deportes. El consejero de CC apuntó malversación de caudales y posteriormente, en un escrito de ampliación, también acusó a Torres de prevaricación.
La resolución judicial despeja todas las dudas sobre la actuación de Torres y supone un severo varapalo para Bañolas y CC, partido que utilizó aquella acción judicial para intentar dañar la imagen de Torres como candidato a la Presidencia y equipararlo a la de Fernando Clavijo, imputado por tres delitos de presunta corrección.
Además, el juez concluye que Bañolas no tiene la consideración de perjudicado ni ofendido, de manera que si su interés es personarse, deberá hacerlo como acusación popular, presentado querella y prestando fianza por importe de 2.000 euros.
Con todo ello, el juez procede al sobreseimiento provisional de las diligencias «por cuando que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, ni se justifica la práctica de diligencias de investigación en tal sentido».
La representación legal de Ángel Víctor Torres fue asumida por el prestigioso penalista grancanario José María Palomino.
La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso ante la Audiencia.
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