El Gobierno tardará más de un año en desarrollar la ley social
El director general de Derechos Sociales asegura que el Parlamento marcó unos plazos «irrealizables» cuando aprobó la Ley de Servicios Sociales, en marzo de 2019. El plan de lucha contra la pobreza, que varios gobiernos han pretendido aprobar, aún no tiene ni fecha estimada
El Gobierno que preside Ángel Víctor Torres, volverá a engrosar la lista de los que han incumplido la Ley de Servicios Sociales, cuya puesta en marcha efectiva no se producirá antes de un año. El director general de Derechos Sociales, Jonás González, sostiene que los plazos establecidos en la ley para su desarrollo y efectivo cumplimento son «irrealizables».
Los ponentes parlamentarios que trabajaron el nuevo marco normativo festejaron su aprobación, en abril de 2019, entre otras cosas porque ponía plazos al Gobierno para su obligado cumplimiento y además, le fijaba los costes de los servicios y la ficha financiera global.
«Los plazos -algunos de ellos se agotaron en diciembre del año pasado- son irrealizables aunque todo el personal de la consejería se hubiera dedicado en cuerpo y alma», insistió ayer González.
En la respuesta que el representante gubernamental le da a la diputada de Coalición Canaria (CC) que preguntó por el desarrollo reglamentario de la ley, Socorro Beato, se justifica al observar que la norma entró en vigor el «18 de mayo. El nuevo Gobierno fue nombrado por el Decreto del 17 de julio del Presidente. Por tanto, de acuerdo con dichos calendarios, es ahora cuando operativamente comenzar con el proceso de reglamentación de la nueva Ley de Servicios Sociales». La contestación está fechada el 13 de febrero.
Para paliar el retraso, Jonás González explicó que «hemos priorizado la tramitación de varios desarrollos reglamentarios previstos en la ley».
El catálogo de servicios y prestaciones está ya en fase de borrador, «tenemos ya el coste, los servicios y la competencia de los centros directivos del Gobierno de Canarias», pero se le acaba de entregar el documento a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la de cabildos. Los ayuntamientos tenían previsto constituir una comisión técnica para hacer aportaciones.
A ambos el director general les ha dado un mes de plazo, que finalizará en torno a «primeros del mes de abril o mitad», calculó.
El régimen de concertación social es otro de los asuntos previstos en la Ley de Servicios Sociales que exige un reglamento de desarrollo para su aplicación. Pero en el camino hacia su aprobación se ha tropezado con el Gobierno del Estado.
González indicó que se advirtió sobre la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los conciertos. «Se convocó una comisión bilateral Canarias-Estado y se acordó la modificación parcial de la ley para evitar el recurso», explicó. Así que, los cambios vendrán incluidos dentro de la conocida como ley ómnibus, cuya fecha de aprobación se desconoce hasta hoy.
«Pero tenemos ya redactado el borrador de decreto», apuntó González, de tal forma que, desde que esté la ley ómnibus, el régimen de concertación verá la luz, aseguró.
El director general prevé que salga antes aprobado el consejo tutelar de Canarias, órgano encargado de «gestionar, coordinar administrativamente y definir el modelo de tutela de las personas mayores y/o con discapacidad», según define la Ley de Servicios Sociales.
Aunque esta cuestión era de las secundarias para la consejería, su procedimiento es mucho más sencillo. De hecho, González indicó que «está definido ya» en el reglamento orgánico de la consejería.
