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El anteproyecto de ley de presupuestos sobre el que trabajó el Gobierno hasta la víspera de convertirlo en proyecto legislativo traía incluida una letra pequeña, estructurada en un conjunto de disposiciones finales en las que se recoge la modificación de hasta nueve leyes que no guardan relación con las cuentas autonómicas.
Esta práctica ha sido utilizada por muchos gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico, muchas veces con el objetivo de soslayar un debate que se presenta difícil de afrontar para su promotor. El Tribunal Constitucional ha tenido que dictar varias sentencias en las que recuerda que las leyes de presupuestos tienen definido su contenido en la propia Constitución.
En consecuencia, surgió la elaboración de las llamadas leyes ómnibus o de acompañamiento que recogían modificaciones legislativas inconexas entre sí. Ante las críticas principalmente del sector jurídico, los sucesivos gobiernos estatales terminaron por abandonar tal práctica en el año 2004.
Pese a ello, el Gobierno que preside Ángel Víctor Torres metió en el anteproyecto de ley de presupuestos para la Comunidad Autónoma en 2020 cambios en nueve leyes. Sin embargo, al final se han excluido del documento que llegará al Parlamento después de las advertencias que realizaron varios miembros del Ejecutivo, según contaron fuentes relacionadas con el cuatripartito.
Concretamente, la disposición octava introducía cambios en la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, en su disposición adicional décimo novena que regula el derecho al alojamiento.
Otra de las regulaciones afectadas era la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, exactamente el artículo 25 de la disposición adicional décimo novena. El fin era definir la zona de dominio público próximas a carreteras, túneles, puentes, viaductos y otras estructuras similares.
Por otro lado, se iban a añadir varios apartados al artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios. Se establecía un plazo máximo para tramitar, resolver y notificar las resoluciones sancionadoras.
En cuanto a los cambios de la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria, se pretendía que un porcentaje de la recaudación derivada de actos de liquidación y gestión recaudatoria financiaran los «mayores gastos» de funcionamiento» que pudiera tener la agencia.
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