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Conrado Domínguez lo ha vuelto a hacer. El exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS) se ha acogido a su derecho a no declarar este jueves, en la comisión del Parlamento autonómico que investiga el caso Mascarillas.
El exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS), procesado por la trama, se justificó poniendo de relieve que las actuaciones judiciales son «secretas» y tiene «prohibición expresa» de manifestarse, al tiempo que ha pedido a la Cámara «respetar la presunción de inocencia».
De hecho, ha llegado a pedir amparo al presidente de la comisión ante posibles preguntas con sentido «incriminatorio» o que le atribuyan «conductas delictivas», si bien Raúl Acosta le ha aclarado que el hecho de que esté investigado «no es óbice» para que los diputados puedan «hacer preguntas e investigar».
Domínguez adoptó esta misma postura ante la Fiscalía Europea que también investiga la compra de material sanitario a la empresa RR7, que nunca llegó, durante la pandemia. El coste de la operación ascendió a 4 millones de euros. Entonces, prometió que hablaría «más adelante», pero tampoco lo hizo en comisión del Senado que estudia el caso.
El procesado no fue el único citado este jueves en el Parlamento. La exdirectora del SCS, Blanca Méndez, sí que respondió a las preguntas de la comisión y negó que sufriera «presiones» para contratar material sanitario con determinadas empresas. Recuerda, sin embargo, una «presión brutal» contra ella y la consejera de Sanidad de comienzos de la pasada legislatura, Teresa Cruz.
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Asimismo, desmarcó su gestión de la de su sucesor Conrado Domínguez. «Usa más el móvil que el papel», señaló sobre este, en referencia a «otra forma de trabajar» en la que no solía dejar constancia documental de algunas actuaciones, poniendo como ejemplo el 'caso Rahlons' y la huelga de limpieza en los centros sanitarios.
En esa línea, manifestó que «tiene fama de buen gestor» pero en ese caso concreto, «no había un solo papel ni un solo informe» sobre la liquidación del contrato que anunciaron los sindicatos. «Al heredar el SCS faltaba mucha documentación justificativa», agregó.
Recalcó que había una «estrategia» desde que empezó la legislatura para que Conrado Domínguez, que era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, se pusiera al frente del SCS, y ha reconocido que le molestó el «ninguneo» de que Domínguez coordinara el comité de expertos en pandemia cuando no formaba parte del departamento sanitario.
Según Méndez, «no parece lógico» que un secretario general técnico de Obras Públicas dirija un comité sanitario.
La exdirectora vinculó su cese al de la consejera, Teresa Cruz (PSOE), ya que fue nombrada por ella misma, y ha recordado como no se les dejaba trabajar «desde el primer minuto» y se les cuestionaba que no estuvieran «preparadas».
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«Vete ya que no sabes hacerlo bien», ha rememorado sobre aquellos tiempos, subrayando también que quizás esperaban más «flexibilidad» hasta el punto de que algún miembro del Gobierno, que no ha desvelado, las llamó «flojas».
Al igual que Cruz, tiene la «percepción» de que fue cesada -se lo comunicó el consejero de Presidencia, Julio Pérez- por ser mujer, algo que con el tiempo le supuso «un favor» porque no estuvo al frente del SCS en lo peor de la pandemia.
No obstante, ha señalado que fue un «error» aceptar el cargo porque pensaba que era de tipo «técnico» -es funcionaria en la Agencia Tributaria- y en cambio tuvo un peso muy político.
Ha defendido que hicieron un protocolo para asegurar que las compras de material se correspondieran con los requisitos técnicos y cree que si se hubiera aplicado tras su marcha, ni hubiera sucedido un caso como el de RR7.
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Ha admitido que se debe utilizar la contratación de emergencia pero «sin abuso» y, en todo caso, justificarlo documentalmente a posteriori. «Quizás el segundo pago no se debió hacer, pero verlo desde las trincheras es fácil, yo lo hubiese documentado más«, ha destacado.
Sobre la directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, también investigada por el 'caso mascarillas', ha defendido su «profesionalidad y gestión», incidiendo en que «nunca» le vio una actitud de «ir por libre», pues es una funcionaria «obediente«.
En ese sentido, ha sostenido que «dice la verdad cuando dice que recibió órdenes del comité de gestión sanitaria».
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