Dinero, sexo, facturas falsas y contactos políticos para evitar una sanción del Gobierno

El empresario tinerfeño Alberto Montesdeoca, dueño de una ganadería que comercializa quesos, se enfrentaba a una sanción del Gobierno de Canarias por irregularidades en una ayuda de 74.099 euros y quería evitarla a toda costa. Lo consiguió. Para ello pagó en forma de presuntas comisiones el 'peaje' impuesto por la trama del caso Mediador, que incluía, además de dinero, el abono de comidas, viajes y fiestas con servicios de prostitución.

A lo largo de más de un centenar de páginas, la Policía Nacional ha entregado a la jueza instructora del caso Mediador, Ángeles Lorenzo Cáceres, el llamado 'Informe final de corrupción de Alberto Montesdeoca García'. Es una radiografía completa de los tratos entre el citado empresario con el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes (Tito Berni); su sobrino Taishet Fuentes, que sucedió al anterior en la Dirección General de Ganadería del Gobierno canario, y el omnipresente Marco Antonio Navarro, que da nombre al caso Mediador por el papel que desempeñaba.

La trama se completa, según documenta la Policía Nacional, con otros personajes igualmente investigados: Miguel Ángel Robayna, que elaboró facturas falsas para dar apariencia de legalidad a los pagos que hacía Montesdeoca a los primeros, y el general ya jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

La trama orquestaba reuniones con el militar para presumir de sus contactos con las altas esferas, mientras que a Espinosa se le pedía que utilizara sus contactos para evitar o minimizar inspecciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil a los empresarios 'protegidos'.

Además de recibir algún queso de la empresa de Montesdeoca como regalo, el general habría logrado de la trama el pago de viajes, hoteles y dinero en efectivo, a lo que se añadió su intento de que los empresarios captados contratasen a la que era su pareja sentimental.

Todo ello aparece descrito en el informe policial, fechado en julio de este año y al que ha tenido acceso este periódico, con abundante documentación que lo acredita, incluyendo transcripciónes de conversaciones grabadas por el Mediador, fotos, vídeos, facturas y el seguimiento y análisis de las cuentas y los movimientos bancarios de los investigados. Asimismo, ha sido de gran valor la colaboración de Miguel Ángel Robayna, que reconoció su implicación en la trama, con ese rol de encargado de hacer las facturas falsas y la entrega de documentos que lo corroboran.

Los hechos referidos en el informe policial se produjeron entre noviembre de 2020 y junio de 2022. Es el tiempo que le llevó a Alberto Montesdeoca conseguir que una sanción que le iba a poner el Gobierno de Canarias quedase en nada. Fue la Intervención General de la Comunidad Autónoma la que revisó el expediente de las ayudas percibidas por Quesería Montesdeoca en 2017, en concreto 74.099 del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, y concluyó que había motivos para reclamar el reintegro de la ayuda, más los intereses devengados. Y a eso se añadía algo que preocupaba todavía más a Montesdeoca: si la sanción se tipificaba como infracción grave, el empresario se vería excluido de ayudas públicas en el futuro.

La Policía coloca a Juan Bernardo Fuentes y Taishet en la cúspide de esa trama, con Navarro asumiendo el papel de «asesor ficticio del Gobierno, carente de todo cargo y vínculo con la Administración». Pero eso no impedía que entrase y saliese de los despachos de la Consejería, así como de otros departamentos autonómicos, como si fuera cargo público.

Los Fuentes y el general de la Guardia Civil se beneficiaron -escribe la Policía- «a través de pagos en sus cuentas, con entregas de dinero en efectivo, comidas en restaurantes, viajes y estancias en hoteles, además de fiestas con copas y/o servicios de compañías, fiestas algunas de ellas con pagos nada despreciables como los 10.800 euros de fecha 13/04/2021 abonados mediante tarjeta bancaria en la taberna La Carmela, restaurante del hotel Victoria en Madrid». En ese hotel se produjeron encuentros con servicios de prostitución que abonaban los empresarios implicados.

La Policía identifica La Carmela y el restaurante majorero El Cangrejo Coloroao como los lugares a los que acude frecuentemente Juan Bernardo Fuentes para recibir «dádivas de los empresarios».

Alberto Montesdeoca fue uno de los empresarios que cumplió con el primer requisito de la trama para ofrecer sus servicios: pagó 5.000 euros a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, un club de fútbol regentado por Juan Bernardo Fuentes.

El informe policial detalla un encuentro en Madrid en noviembre de 2020 entre el ganadero tinerfeño, Juan Bernardo Fuentes y Marco Antonio Navarro, igualmente con cena en La Carmela y servicios de prostitución que abonó Montesdeoca. Fue el 10 de noviembre de ese año y la Policía recuerda que un día antes entró en vigor el decreto que prorrogaba el estado de alarma por la pandemia: «A Fuentes Curbelo y a su séquito poco le importaban esas restricciones», escriben los agentes policiales.

El dossier policial detalla las fotos de prostitutas que Navarro envió a Montesdeoca, como también hacía con el diputado, para que cada uno eligiese con quién quería estar.

Alberto Montesdeoca también hizo pagos para camisas compradas por miembros de la trama en un comercio de Madrid. Esos y otros abonos dieron como resultado que, tras intensas gestiones, que llegaron incluso a la mesa del entonces viceconsejero Álvaro de la Bárcena Argany (también investigado), Montesdeoca recibiese en junio de 2022 la buena noticia para él de que el expediente sancionador decaía al considerarse «prescrito».

¿Cuánto pagó Montesdeoca por librarse de devolver 74.099 euros y la posibilidad de no seguir pidiendo subvenciones? Según las grabaciones, él habla de 25.000 euros en efectivo; la Policía cifra en al menos 17.922 euros los abonos e ingresos a la trama que ha logrado documentar, y Miguel Ángel Robayna hizo cinco facturas falsas por importe de 34.000 euros.

Pocos días después, el Gobierno, por orden del presidente Ángel Víctor Torres, destituyó de manera fulminante a Taishet Fuentes. El argumento fue el descontento del sector con su gestión.

Con este y otros informes policiales, la jueza está culminando la instrucción del caso Mediador, que acumula una quincena de investigados.

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