Pilar Cancela
La política defiende el trabajo realizado por el Gobierno de España en la derivación de los menores que han solicitado asilo Pilar Cancela Secretaria de Estado de Migraciones
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela (Stuttgart, 1967), defiende el trabajo y procedimientos que ha seguido la administración estatal para la derivación de los menores migrantes solos que han solicitado asilo. Cancela no entiende que el Gobierno canario les acuse de hacer «trampas» por no derivar a la península a todos los menores con refugiados. Asegura que el sistema es «garantista» y confía en que pese a lo difícil de los procedimientos se cumpla con el auto del Tribunal Supremo que ha dado de plazo hasta el 21 de noviembre para que estos chicos pasen al sistema de protección internacional. No obstante, espera que se aclare la cuestión de fondo porque no comparte que existan «dos sistemas de acogida» uno para los menores con asilo y otro para el resto.
«Siempre había prevalecido su condición de menores sobre la de asilados»
-El Gobierno canario acusa al Estado de hacer «trampas» porque no deriva a todos los menores con derecho a asilo a la península, según interpreta del auto del Tribunal Supremo.
-La verdad es que siempre nos sorprenden las declaraciones que hace el Gobierno de Canarias fuera del ámbito de las reuniones que mantenemos cada semana en la comisión interadministrativa, precisamente para cumplir los autos del Supremo. Esa interpretación no la compartimos. Los datos muestran que lo prioritario es acabar con el hacinamiento en los centros de acogida de menores del Gobierno de Canarias. Nosotros estamos obligados a incorporar a los niños y niñas solicitantes de asilo que están en esos centros a nuestro sistema de acogida, que tiene dispositivos tanto en Canarias como en la península. Ese es el objetivo: reducir la saturación. No entendemos a qué se refieren con las «trampas», porque los números, los expedientes y las entrevistas de derivación se están gestionando con la colaboración del propio Gobierno de Canarias. Estamos trabajando de forma coordinada, revisando los listados para depurarlos y saber exactamente qué menores deben derivarse: algunos expedientes están duplicados, a otros les faltan datos, otros ya tienen resolución desfavorable de su solicitud de asilo e incluso hay jóvenes que ya han alcanzado la mayoría de edad y pasan directamente a nuestro sistema. En este contexto, es muy difícil hablar de engaños cuando se está trabajando de manera tan conjunta y tan coordinada.
-El Supremo dio la primera vez diez días y han pasado meses. En el segundo auto, quince. ¿Son tiempos adecuados?
-La verdad es que no. Hemos ido depurando el listado de menores: primero rondaba los 900, pero ha ido cambiando porque siguen llegando niños o porque algunos cumplen la mayoría de edad. Antes de este auto habíamos trasladado a 347 y ahora, con el listado que manejamos —ya limpio y consensuado— hemos derivado a casi 600. Por tanto, nos quedan únicamente unos 200 menores por derivar, aunque la cifra cambia a diario en función de las entrevistas. El sistema estatal es complejo y hemos insistido en que es necesario realizar una entrevista individualizada a cada menor: conocer sus circunstancias, antecedentes y su voluntad. Hay que respetar a los niños y niñas que quieren quedarse en Canarias porque están arraigados, y ahí participa la Fiscalía de Menores. Es un procedimiento complejo, pero muy garantista.
-El Canarias 50 se abrió como recurso transitorio y el Gobierno regional critica que hay menores que han pasado semanas y meses allí.
-Más allá de lo que dirima finalmente el Tribunal Supremo, hay que partir de un hecho: el sistema de acogida de protección internacional no estaba diseñado para menores. Estaba pensado para adultos y familias, pero no para menores solos. Hemos tenido que adaptar un sistema que no estaba preparado para una situación anómala y novedosa. En Canarias existían dispositivos de acogida, pero no eran específicos para menores. Tuvimos que reaccionar para cumplir los mandatos del Supremo. El Canarias 50 se consensuó por mutuo acuerdo como un centro de derivación, no como un recurso de estancia permanente.
«¿Que nos hubiera gustado tener más tiempo y trabajar con menos presión? Por supuesto»
-Pero necesitan recursos no solo en la península, también aquí.
-Estamos trabajando con entidades del tercer sector acreditadas para la atención de menores. Y luego debe hacerse la derivación a las comunidades autónomas dispuestas a acogerlos. No todas están siendo proactivas. Tras la fase en Canarias, llega otra también compleja: determinar a qué lugares van, cuáles son los dispositivos y las circunstancias de cada menor. Las derivaciones exigen planificación. El Canarias 50 tiene capacidad para 250-260 plazas, pero no está al 100%: hay 190, para evitar hacinamiento. Al mismo tiempo estamos derivando a menores desde los centros del Gobierno de Canarias hacia el Canarias 50 o, en su caso, a Casa del Mar, donde se está acogiendo a aquellos que han manifestado su voluntad de quedarse en Canarias y han acreditado su arraigo, constatado por Fiscalía. Y luego están los menores que no están en esa situación. Tenemos que compaginar la incorporación en Canarias con las derivaciones a la península.
-Hay niños que quieren quedarse en su propio centro.
-No tenemos ningún problema con eso. Pedimos que Fiscalía participara para que, cuando un menor manifiesta su voluntad y acredita su arraigo en Canarias, se tenga en cuenta. Fiscalía debe constatarlo y respaldar ese interés superior del menor. Y, a partir de ahí, esa decisión corresponde al Gobierno de Canarias, como tutor, y a Fiscalía.
-No me negará que también hay una batalla política, soterrada o no.
-Por nuestra parte, no hay ninguna batalla política. Se trata de cumplir los autos del Supremo y velar por el interés superior de los menores. Discrepamos de que el sistema de acogida para adultos sea el adecuado para menores solicitantes de asilo, pero lo estamos cumpliendo. La resolución judicial dirá lo que proceda sobre el fondo.
-Pero tendrán que adaptar el sistema de acogida porque la llegada de menores solos va a continuar.
-Sí. Pero el Supremo no ha entrado en el fondo del asunto. Hay jurisprudencia del Constitucional y la normativa nunca ha establecido que los menores solicitantes de asilo deban integrarse en el sistema de protección internacional: siempre ha prevalecido su condición de menores. Esto es lo que se altera ahora con los autos del Supremo. Creo que, ante la saturación, el Gobierno canario acudió a la justicia como forma de aliviar la presión en sus centros. Si se crea un sistema paralelo para menores solicitantes de asilo, habría dos sistemas en función de las circunstancias de cada caso. No creo que eso sea bueno, porque también las comunidades autónomas ahí tienen algo que decir. La tutoría la sigue manteniendo el Gobierno de Canarias, aunque derivemos a los menores a la península y vayan a otra comunidad autónoma, según el criterio del Tribunal Supremo. Con la modificación de la Ley de Extranjería, la tutoría de los menores pasa a las comunidades de destino, y por eso algunas se niegan a acoger. Habrá que ver cómo se organiza todo eso. Lo importante es resolver la situación de los niños y niñas.
-¿Esta vez sí van a cumplir el plazo del 21 de noviembre?
-Sí. Vamos a llegar a tiempo para dar cumplimiento. Lo que intentamos es que no haya una saturación, ni muchísimo menos, en Canarias 50, sino que vayan saliendo a la península aquellos que ya tengamos autorizados por parte del Gobierno de Canarias y, al mismo tiempo, que se vayan incorporando los que quedan aún en los centros de menores canarios para poder cumplir el asunto. No tenemos ninguna duda. En ese sentido, lo tenemos perfectamente planificado.
-Un problema añadido es que las cifras cambian: siguen llegando menores que pedirán asilo.
-Es la realidad de los flujos migratorios. Esos menores también deben tener su procedimiento. Primero cumpliremos el mandato judicial y luego trabajaremos con quienes acaban de llegar. Las vías son distintas y habrá que ver cómo se articulan.
-En algún caso se ha dicho que Migraciones trata a los menores como «paquetes», porque se les traslada de un día para otro.
-Esa expresión está completamente fuera de lugar. Es una situación difícil de gestionar y por eso hay un procedimiento garantista. En algunos casos llegaron al Canarias 50 sin documentación y tuvimos que actuar sobre la marcha, precisamente para garantizar su protección. No son tratados como objetos. ¿Que nos hubiera gustado tener más tiempo y trabajar con menos presión? Por supuesto. Pero en todo momento tienen un itinerario personalizado y un destino adecuado a sus circunstancias. Si tienen vínculos entre ellos, se procura que vayan juntos. España es un referente en acogida y ayuda humanitaria. Nuestro sistema no trata a nadie como paquetes. Debemos cuidar el lenguaje, más aún cuando hablamos de menores. Hagamos las cosas con respeto institucional. Y que cada cual, en su estrategia política, haga lo que considere.
