Román Rodríguez: «La bajada fiscal fue irresponsable»

    Cargando reproductor ...
21/07/2019

El presidente de Nueva Canarias vuelve al poder y lo hace como vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. Román Rodríguez (La Aldea, 1956) subraya que no es un «presidente bis» y que lo que cohesiona al cuatripartito es el programa pactado. Promete ser exigente ante el Gobierno central en defensa de las demandas de Canarias y está convencido de que Ángel Víctor Torres también lo será.

— Tras las elecciones de mayo, ¿era usted de los que pensaba que el Pacto de las Flores iba a ser posible?

— No solo eso sino que hemos venido demandando una mayoría de progreso en Canarias desde hace bastantes años. Al principio, en solitario; luego se incorporó Podemos cuando apareció y el PSOE cuando fue expulsado del Gobierno. Sabíamos de las dificultades, pero hemos logrado sortearlas. Los resultados del 26 de mayo daban para hacerlo posible, para conseguir un cambio de tercio, un fin de ciclo que creo que lo demandaba la gente en la calle.

— ¿Es usted un presidente bis?

— Qué va... Un Gobierno es un órgano colegiado que preside quien decide el Parlamento, y ha sido el Parlamento quien ha decidido por mayoría absoluta que sea Ángel Víctor Torres y esa condición es determinante. Aquí hay un presidente y un equipo de gobierno con un programa, y esto último es lo más importante.

— ¿Cuáles son los ejes de ese programa, más allá de lo recogido en el documento del Pacto de las Flores?

— Digamos que son tres ejes. Primero, mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, y eso conlleva igualdad, equidad, romper esa dicotomía de una Canarias pudiente y otra Canarias pobre y deprimida. Un segundo bloque gira en torno al modelo de desarrollo, porque Canarias necesita una economía que sea capaz de generar empleo de calidad, diversificar la economía, donde el turismo seguirá siendo clave pero con un modelo que sea sostenible, porque estamos ya ante una crisis climática innegable. Y un tercer eje que es defender los derechos de Canarias, nuestras singularidades económicas, sociales e históricas ante las instituciones comunitarias y estatales. Sobre esto, solo un dato: en torno al 65% de lo que conforma el presupuesto autonómico son transferencias corrientes y de capital de la administración estatal. Detrás de esas propuestas hay un equipo que preside Ángel Víctor Torres, teniendo siempre presente que este es un Gobierno de coalición de cuatro partidos.

— ¿Cómo se logra que un partido con 5 diputados logre la Vicepresidencia y Hacienda frente a una formación que ganó las elecciones con 25 escaños? ¿Habilidad suya o debilidad del PSOE?

— Es consecuencia de que para sumar mayoría había que negociar. Aquí hay un Gobierno socialista, de Nueva Canarias, de Podemos y de la Agrupación Socialista Gomera. Es la manera correcta de verlo. Ha habido etapas en que la primera fuerza política se ha ido a la oposición y en términos estrictamente democráticos. El área que me ha tocado no es un departamento al uso porque le corresponde pelear ante Europa y ante el Gobierno de España para defender nuestros derechos y eso supone tomar decisiones; no es un área para colocar a la gente que a un partido le interesa. En cuanto a las decisiones fiscales, por ejemplo, las propuestas las hará el Gobierno ante el Parlamento pero las iniciativas saldrán del área de Hacienda. Lo importante en política no es tanto cuántos escaños tengas, sino si son determinantes para conformar mayoría. El ejemplo lo tuvimos con Pedro Quevedo en el Congreso.

— ¿Lo más complicado en la negociación del pacto fue su reconciliación con ASG? Lo digo porque sus enfrentamientos con Curbelo fueron más que evidentes en el Parlamento.

— Nuestra crítica política era a quien gobernaba, a Clavijo, a Coalición Canaria, porque esos eran los responsables. Lo que hizo Casimiro Curbelo fue poner sus tres escaños al servicio de lo que consideraba que eran los intereses para su isla y pocos reproches se le puede hacer a eso. Mis reproches iban en todo caso a la mayoría. Otra cosa es que las grandes decisiones se tomen en función del número de diputados pero no se dé la mayoría social, y en nuestro caso se dan las dos cosas: mayoría de diputados y la circunstancia de que detrás del Gobierno sí está la mayoría de los canarios, que confió en estas cuatro fuerzas políticas.

— ¿Cómo se explica la presencia de su partido y la suya en concreto en una reunión para conformar otro pacto con CC, PP y Ciudadanos?

— Porque no fue así. Nosotros tuvimos elecciones municipales, a cabildos y autonómicas, y el primer proceso de consolidación de mayorías era en el ámbito local. La dirección insular del PSOE en Gran Canaria, en municipios básicos donde ganamos, decidió hacer todo lo contrario de lo razonable, que era juntar sus fuerzas con los partidos con los que habían colaborado y que nos unía el progresismo. Ante eso, fuimos invitados a una reunión para explorar otras posibilidades en esos ámbitos locales. Antes que nadie y más que nadie hemos dicho que apoyábamos un pacto de progreso.

— ¿Hasta qué punto este Gobierno cuatripartito está condicionado por lo que suceda en el debate de investidura en el Congreso?

— La situación de la política estatal es muy importante porque, como dije antes, el 65% de los recursos vienen de allí y si no hay ley de presupuestos estatales, eso repercute en los presupuestos canarios. Por ejemplo: hay más de 200 millones de euros de la financiación autonómica del año 2019 que no han llegado ni a nosotros ni al resto de comunidades por no tener presupuesto ordinario. En la situación política española nos va la vida; es muy importante que se normalice. Y después es muy importante que se respete lo conseguido en los últimos presupuestos, lo que recoge el REF y si hay nuevo acuerdo de financiación, que se mantenga lo que ya hemos conseguido colocar en las leyes de presupuestos, en el propio REF y en el Estatuto. Otro asunto clave es el conflicto jurídico del convenio de carreteras, porque ahí están colocados unos 500 millones como superávit, lo cual es una malísima noticia. Es fruto de la confrontación entre el Gobierno canario y el central en la etapa anterior. Esa partida hay llevarla a un convenio plurianual que nos permita mejorar nuestros recursos, porque ese dinero no sería finalista, ya que fue adelantado por el Gobierno de Canarias. Y es muy importante que no compute en la regla de gasto.

— ¿Pero qué margen de maniobra tiene usted para batallar estas y otras cuestiones en Madrid cuando el presidente de su Gobierno es socialista? ¿No se verá obligado a decir «sí señor» a lo que planteen los ministros socialistas de turno?

— La respuesta está en el programa que firmamos los cuatro. Y sobre estas cuestiones es muy claro, porque además el presidente del Gobierno lo tiene igual de claro que el resto. Él sabe perfectamente el origen del conflicto de carreteras, sabe lo que está pendiente; conoce perfectamente lo que dicen el REF y el Estatuto.

— ¿Tenemos los canarios que prepararnos para una subida fiscal notable, «un sablazo» o un Gobierno que nos meta la mano en los bolsillos a todos, como se dijo en el Parlamento?

— Vamos por partes. Primero vamos a reclamar cada euro que nos toque de la Unión Europea y del Gobierno de España; vamos a buscar la mayor eficiencia en el gasto público; y vamos a pelear para que la Ley de Estabilidad Presupuestaria sea modificada, tanto por nosotros como por los ayuntamientos y cabildos con superávit y que cumplen con los objetivos de déficit, deuda pública y de pago a proveedores. Si todas esas consideraciones se dieran, a lo mejor no hay que tocar la fiscalidad. Pero si hay que tocarla para hacer, por ejemplo, vivienda pública o para la renta canaria de ciudadanía, pues claro que lo haremos. El Gobierno anterior presume de que bajó los impuestos para inyectar 470 millones de euros en la economía, pero lo cierto es que tenemos los peores servicios sociales. Con esa realidad, aquella bajada fiscal fue irresponsable, una tremenda irresponsabilidad que ahora compromete la estabilidad presupuestaria. Nosotros usaremos la fiscalidad que necesitemos para cubrir las necesidades sociales, y que no se nos olvide que tenemos la fiscalidad más baja de España, cuando por otro lado muchas comunidades ya tienen la renta de ciudadanía. Lo que está claro es que no vamos a tocar ni a las clases medias ni a los trabajadores ni a los consumos básicos.

— Vayamos a esa renta de ciudadanía: ¿cómo, cuándo y de dónde saldrá el dinero?

— ¿Cuándo? En 18 meses. Porque lo dice la Ley de Servicios Sociales. Y la renta no hay que olvidar que la recoge el Estatuto de Autonomía. Ya hay varios borradores sobre cómo aplicar la renta de ciudadanía, que es una obligación legal que tenemos. ¿Para quién? Para los más necesitados, para quien no tiene nada y quien tiene muy poco. Insisto: es lo que hacen otras comunidades. Sin tener aún los datos exactos, yo creo que podríamos estar hablando de unas 50.000-70.000 personas y ese instrumento es financiable, con un primer cálculo en torno a los 300 millones de euros frente a los 50 millones de la prestación canaria de inserción.

— ¿Y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones?

— Si es necesario lo tocaremos. ¿Para qué? Para que las grandes fortunas, si heredan, paguen la parte que les corresponde, pero si es alguien con una renta media que hereda de un familiar un pequeño terreno o una casa, por ejemplo, pues tendrá una bonificación del 99%.

— Tasa turística: ¿se la replantean ahora que el mercado apunta una bajada en la llegada de turistas?

— Primero: la tasa turística es un tributo mundializado. La gente que viaja, que son unos mil millones de personas al año, la tiene asumida. Somos uno de los pocos destinos que no la tiene, y no olvidemos que no la pagan los residentes. Es cierto que hay que discutirla, que hay que hablarla con los operadores turísticos, y que hay que concretar cómo y con qué finalidad. Nuestra propuesta era una tasa con un destino finalista muy concreto. Lo hizo así Cataluña con un Gobierno conservador, lo hizo Baleares y no hay explicación para que no lo hagamos nosotros. Hay que pactarla, hay que evaluarla pero hay que ponerla, y además hay que hacerlo para mejorar el destino.

— Habla de pactar y negociar, pero ¿ve voluntad de negociación con las organizaciones empresariales? Lo digo porque algunas voces han alertado sobre los riesgos de un Gobierno con perfil «comunista».

— En Canarias hay unas 60.000 empresas y 127.000 autónomos. Creo que hay que escucharles a todos. A lo mejor algunos están acostumbrados a que se les oiga solo a ellos y eso cambiará: oiremos a los chicos y a los grandes. Pero sí digo una cosa: en política las decisiones las toman los representantes del pueblo, que están en el Parlamento. Esas opiniones fuera de tono creo que son minoritarias. A mí me llamaron varios miembros del Círculo de Empresarios a decirme que no se sentían representados por esas declaraciones.

— Una pregunta al presidente de Nueva Canarias y no al vicepresidente: ¿estando su partido en el Gobierno, el diálogo con CC que propone García Ramos es imposible? ¿Usted le dará la espalda a Fernando Clavijo?

— No. Ni antes ni ahora las decisiones políticas están marcadas por cuestiones personales. Yo no tengo diferencias personales, sino políticas. Lo puedo decir de Paulino Rivero y también de Fernando Clavijo. Y el nacionalismo también está por encima de eso.