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Un grupo de opositores que concurrió a los procesos selectivos de la comunidad autónoma en 2024 denuncia el retraso «incomprensible» que se está produciendo en la configuración de las listas complementarias para el personal que no obtuvo plaza en las citadas convocatorias.
Fuentes sindicales puntualizan que no se trata de ninguna irregularidad en el procedimiento selectivo, sino en la elaboración posterior de listas de interinos.
En concreto, subraya un portavoz de este colectivo, cerca de 40 personas que optaron a las cuatro plazas de Veterinaria asistencial (Mataderos y control sanitario) el pasado mes de mayo se han visto afectados por esta situación, aunque es extensible a otras convocatorias.
Hace hincapié en que, después de que los funcionarios tomaran posesión de su puesto en el mes de agosto, la administración disponía de un mes para conformar una lista de interinos, «una bolsa de trabajo que además es necesaria porque no se abría desde el año 2018».
Sin embargo, aún no se ha publicado, aunque reitera que «ya deberíamos estar trabajando según establece la ley porque el tiempo previsto», insiste, «se ha incumplido de manera incomprensible».
La situación se agrava, denuncia este afectado, porque al no estar elaborada esta relación de trabajadores, la administración sigue recurriendo a personal incluido en una lista abierta hace seis años «sin importar si suspendieron todas las pruebas, aprobaron un solo examen, etc».
Según el decreto ley aprobado este verano para reducir la tasa de temporalidad en la comunidad autónoma, el tiempo máximo para resolver esta situación es de tres meses.
Esta situación fue puesta sobre la mesa en la última reunión sectorial de la Función Pública celebrada la semana pasada y, según fuentes sindicales, el director general de Función Pública, en representación de la Consejería de Presidencia y Admistraciones Públicas reconocieron que «son conscientes de la situación pero no cuentan con suficiente personal para sacar adelante este trabajo y, por tanto, se registran estas demoras».
Agregan que los servicios jurídicos del CSIF, en respuesta a la demanda de algunos de sus afiliados, están analizando la posibilidad de presentar una demanda porque «se producen daños patrimoniales, dado que estas personas tenían que estar trabajando desde hace tiempo y, por tanto, se les deben meses de empleo y sueldo».
Los afectados por esta situación indican que han recurrido igualmente a la Diputación del Común en busca de amparo e insisten en el perjuicio que este retraso les está ocasionando y lamenta la respuesta de Función Pública puesto que, indican, «no tiene lógica que la justificación de la demora sea que no hay personal que pueda sacar adelante este trabajo».
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