El edil de Seguridad, Mencey Navarro Romero, en las oficinas municipales de Arguineguín. / JUAN CARLOS ALONSO

«La Delegación maltrata a Mogán y a los guardias civiles y policías del municipio»

Muy crítico con Anselmo Pestana, siente que sus compromisos con San Bartolomé de Tirajana son un «agravio comparativo» con Mogán

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO Mogán

El edil de Ciuca reclama del delegado del Gobierno más efectivos y más coordinación.

-¿Hay un problema de inseguridad en las calles de Mogán?

-Si no es manifiesta en su versión más violenta, sí es verdad que hay un nivel de inseguridad en la calle bastante preocupante como consecuencia de la decisión del Gobierno de España de acoger a migrantes en los establecimientos alojativos turísticos, que tienen un destino y un uso concreto. No podemos permitir que ahora sean asistenciales. Para eso, el planeamiento prevé otros lugares muy lejos del estrictamente turístico.

«A los más agresivos les expulsan de los complejos y no les dejan volver; son los que están en la calle»

Mencey navarro

-¿Pero tienen datos que prueben ese aumento?

-El índice de incidentes protagonizados directamente por inmigrantes ha aumentado exponencialmente desde que los tenemos acogidos en los complejos. Se han contabilizado en torno a 140 incidentes en los últimos dos meses. Por eso hemos solicitado a la Delegación del Gobierno que refuerce la presencia policial a través de la activación y el despliegue del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, con sede en Los Rodeos (Tenerife) para que dé apoyo a los compañeros de la Guardia Civil y Policía Local en Mogán. A todas luces, con los efectivos actuales es imposible atajar esos incidentes más los ordinarios.

-¿De qué tipos son los incidentes?

-Si bien en un primer momento eran inocuos y tenían que ver con que no respetaban la distancia de seguridad, iban en grupos de más de 4 o 6, iban sin mascarillas o practicaban la mendicidad en las puertas de los supermercados en grandes números o hacían uso de las canchas cuando no se podía, a medida que ha transcurrido el tiempo, esas incidencias se han ido tornando cada vez más agresivas, llegando a agresiones entre migrantes. Y es que la Delegación ha cometido el error de, primero, poner dos instalaciones de menores juntas en dos complejos de Puerto Rico, y además, y en otros edificios ha mezclado dos culturas radicalmente distintas, a magrebíes con saharauis, dos culturas que chocan. Y cuando se les escapa el control a los responsables de los complejos, llaman a la fuerza pública y ha pasado que al final esa agresividad se vuelve contra los agentes, con lanzamiento de hamacas, sombrillas, sillas, piedras e incluso zócalos.

-Pero algo no encaja aquí. La Delegación sostiene que el índice de criminalidad ha bajado...

-La Delegación del Gobierno se equivoca interesadamente cuando habla de índice delictivo. No hablamos de eso. Es más, en los datos que aportan comparan el 2020 con 2019, cuando no es comparable. El 2020 es un año pandémico. Del 14 de marzo en adelante no tenemos turismo, no hubo movimiento en la zona turística. Es normal que el índice de delitos baje si lo comparo con 2019. Pero insisto, no hablamos de delitos, sino de incidencias que tienen que ver con inmigrantes. Y esas incidencias pueden no constituir un delito, pero sí activan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

-¿Por qué interesadamente?

-Porque trata de ocultar el estrepitoso error en el que han incurrido al prolongar la permanencia del acogimiento de estos migrantes en la zona turística, porque han sido incapaces de gestionar esta crisis migratoria. Desde febrero de 2020 el Gobierno de España tenía conocimiento a través del Centro Nacional de Inteligencia de que se avecinaba un gran proceso migratorio hacia Canarias. Tuvo que haberse empezado a preparar desde entonces, habilitando y acondicionando espacios. Ha habido descontrol y falta de gestión total y absoluta. Con la permanencia de los migrantes en los complejos, nos abocan al cero turístico y al deterioro corrosivo de la imagen del destino turístico, no solo de Mogán, sino de la isla y de Canarias en su conjunto. Si no quieren derivar a los migrantes a la península, ¿qué van a ser con esos 7.000 u 8.000 migrantes que están aquí? ¿Alguien les ha escuchado algún plan? Es más, nos preocupa que a los más agresivos y a los que protagonizan conductas disruptivas en los complejos los expulsan y no les dejan volver. Y son esos los que tenemos en nuestras calles, sin ninguna alternativa habitacional. Pernoctan en los barrancos. ¿Qué ocurre con esas personas? Tendrán que buscar una fórmula para no dejar en la calle a personas que sabemos que son violentas. Que se les abra un procedimiento de expulsión y se devuelvan a su país, o que pasen a una instalación patrimonio del Estado donde se les atienda. Lo que no podemos permitir es que nos los pongan en la calle. Sin más.

-¿Cuántos hay así?

-Pues podrían estar en torno a los 20 o 30, incluso 40. Habría que identificarlos para cuando la Delegación decida qué hacer con ellos, tenerlos localizados y trasladarlos donde se decida. El descontrol es absoluto. No tenemos datos de nada (cuántos ingresos se producen en qué hotel, cuántos traslados, cuántos positivos hay y dónde, si están custodiados o no). Se lo dijimos al delegado del Gobierno en la última Junta Local de Seguridad y se comprometió a nombrar a un coordinador. He llamado a la subdelegada y me ha dicho que la semana que viene celebraremos la primera mesa de trabajo.

-Mogán ha pedido prorrogar la presencia del GRS en el municipio y quedó pendiente. Y a San Bartolomé lo reforzarán con 40 policías más. Su gobierno sostiene que hay agravio comparativo.

-Por supuesto que hay agravio comparativo. Es un hecho teniendo en cuenta los datos. La comisaría de la Policía Nacional de San Bartolomé tiene de ordinario 300 agentes. Y en el puesto principal de Puerto Rico hay 60 guardias civiles. Pero es que Mogán soporta un índice de inmigrantes mucho mayor. Nosotros tenemos 2.800 migrantes frente a los 2.200 de San Bartolomé. Pero es que tenemos 600 menores, y ellos, 120. ¿Cómo es posible que con estos datos objetivos no se me garantice el GRS, con 22 guardias, hasta tanto existan migrantes en los complejos?

-¿Y a qué cree que se debe eso?

-Pues no lo sé, porque la alcaldesa de San Bartolomé ha salido diciendo que los incidentes son puntuales y que no son graves. Siendo así, ¿por qué se le envían 40 policías más de refuerzo aparte de los 300 que ya tiene? Y a nosotros, que decimos que no son hechos puntuales y que se tornan cada vez más violentos, se nos cuestiona esa dotación de 22 hombres de más. Desde que están aquí el índice de incidencias ha bajado. Su mera presencia tiene carácter disuasorio.

-¿Cree se les castiga entonces?

-A esa conclusión deberían llegar otros. A la Policía Nacional y a la local de San Bartolomé se les mima, pero se deja vendidos y se maltrata a los habitantes y a la Guardia Civil y la Policía Local de Mogán. Solo hay 60 guardias en Puerto Rico cuando en 2008 había 90. No se han cubierto las vacantes. Y encima, los 60 no están en la calle, sino en varios servicios, ni coinciden en turnos. Nos hemos visto con una única patrulla en la calle para toda la demarcación. Es manifiestamente poco.

-¿Cuántos hoteles siguen acogiendo a migrantes?

-Siguen siendo 10.

-¿Siguen adelante los expedientes de infracción?

-Hemos incoado 10 expedientes, que ya han sido notificados, de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. Se les ha dado un plazo de 10 días. Se exponen a sanciones de entre 6.001 y 150.000 euros. Si antes de iniciar el procedimiento sancionador restablecen la legalidad, el importe de la multa final podrá ser de un 10% de la multa que resulte. Si restauran la legalidad una vez abierto el proceso sancionador, pero antes de la resolución final, la multa será entonces del 25%.

-¿Y alguno ha accedido?

-De momento no. Tres han renovado sus contratos hasta marzo y los de los menores, hasta mayo.