Un grupo de personas migrantes en el interior del antiguo acuartelamiento militar Canarias 50, ubicado en La Isleta. / ARCADIO SUÁREZ

El Defensor del Pueblo exige al Estado un plan de reparto de los menores

Aboga por convenios con fundaciones y otras entidades para que asuman la tutela ordinaria de los niños y niñas más vulnerables

CANARIAS7 Madrid

La institución que dirige Francisco Fernández Marugán ha vuelto a manifestar su preocupación por los menores extranjeros no acompañados, poniendo especial foco en Canarias, donde hasta abril había 2.725 acogidos, según datos facilitados por la entidad de protección de menores. Es por ello que el Defensor del Pueblo ha dirigido cuatro recomendaciones al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con el objetivo de mejorar la protección de los menores, ya que insiste en que «no es razonable que los servicios canarios asuman en solitario el reto que supone su acogida» y reclama al Ministerio de Derechos Sociales que asuma un papel impulsor para afrontar esta situación.

Entre estas sugerencias, la Institución ha pedido que se elabore el Plan estratégico plurianual para la integración de los menores extranjeros no acompañados previsto en la Ley de Extranjería. A juicio del Defensor del Pueblo, este plan debe tener en cuenta la identificación ágil de las necesidades de protección internacional; la detección de potenciales víctimas de trata; el procedimiento que se sigue para la determinación de la edad; la documentación de su residencia legal y la integración sociolaboral una vez que alcancen la mayoría de edad.

Fernández Marugán también le ha recomendado que en el próximo programa del Fondo de Asilo Migración e Integración europeo (FAMI) establezca como línea de actuación preferente los protocolos necesarios para la identificación, acogida e integración de los menas en general y, en particular, para aquellos necesitados de protección internacional o que presenten indicios de trata.

También le ha reclamado que impulse, en coordinación con el resto de organismos competentes en la materia, las medidas necesarias para conseguir que el Registro Central de Menores extranjeros no acompañados funcione correctamente, ya que llevan años denunciando significativas diferencias entre los datos que facilitan las entidades autonómicas y los que ofrece el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

Por otra parte, le ha solicitado que, en coordinación con la comunidad autónoma canaria, promueva la puesta en marcha del mecanismo previsto en la Ley de Extranjería para el establecimiento de convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los más vulnerables. Esta vía, que ya ha sido iniciada por la entidad de protección de menores canaria, es para el Defensor «una iniciativa muy necesaria y la más eficaz para la protección del interés superior de aquellos menores con necesidades de protección internacional o víctimas de trata que demandan una atención más especializada». En este sentido, señala que es «llamativo» que a 31 de diciembre de 2020 había más de 500 menores malienses en el sistema de protección canario, pero ninguno había solicitado asilo.

Por último, Fernández Marugán ha querido llamar la atención acerca del número de menas que, año tras año, alcanzan la mayoría de edad indocumentados y sin posibilidad de valerse por sí mismos, por lo que considera imprescindible que el Estado planifique esa transición a la vida adulta. En 2020, en Canarias, tan solo se han concedido 134 autorizaciones de residencia a menores extranjeros tutelados.