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Efe
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 13 de marzo 2024, 19:33
La defensa del menor senegalés que lleva 82 días en prisión porque ni la Fiscalía ni el juez encargado de su caso se fiaron de su partida de nacimiento sostiene que nunca debería haber entrado en la cárcel y no se explica cómo la ... Justicia todavía no ha reaccionado, «cuando una sola noche en prisión ya causaría alarma si fuera una persona blanca».
El joven, de iniciales B.C, está recluido desde diciembre el centro penitenciario de Las Palmas II bajo la acusación de ser uno de los patrones de la patera con la que llegó a Gran Canaria, pero la ONU acaba de emplazar a España a que garantice que deje de estar recluido con adultos y se le trate de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño; es decir, como a un menor.
Su caso ha sido defendido por una de las letradas de referencia en España en cuestiones de inmigración y refugio, Patricia Fernández Vicen, y dos letrados con amplia experiencia en migraciones en Andalucía y Canarias, Francisco Morenilla y Daniel Arencibia.
Este último reconoce a Efe que «es normal que el sistema falle» con el volumen de menores migrantes que han llegado a España en los últimos años y teniendo en cuenta que se emplean «aproximaciones biométricas», con margen de error. Pero lo ocurrido con B.C. no es común, sentencia; de hecho, no conoce ningún otro precedente en el que la ONU haya amonestado a España por tener a un menor en prisión.
Porque, recuerda, este chico fue registrado como menor por la Cruz Roja en el muelle de Arguineguín el día en que Salvamento Marítimo lo rescató, siguió diciendo siempre que tenía 17 años y, estando ya privado de libertad, «se las ingenió para conseguir una fotocopia de su partida de nacimiento» (hoy un documento verificado oficialmente) que sus compañeros de prisión le hicieron llegar a la juez de Vigilancia Penitenciaria durante una visita de esta a la cárcel.
«No todo se ha hecho mal», concede Arencibia, «ha habido mucha gente que ha hecho todo lo que estaba en su mano para que se lo tratara correctamente, ha funcionado muy bien la Cruz Roja, ha funcionado muy bien el Instituto de Medicina Legal, que ha dicho que puede ser menor, y ha funcionado muy bien el Juzgado del Vigilancia».
Sin embargo, remarca, B.C. sigue en prisión.
Este grupo de letrados cree que el problema está en que «la Fiscalía de Extranjería parece que se ha puesto posición de rebeldía frente al principio 'pro minoría' y parece mostrar muy poco interés en dar derecho de audiencia a los menores que están en esta situación», cuando debería haber sido, a su juicio, la primera en apoyarlo en cuanto explicó su edad y mostró su acta de nacimiento.
«El chico nunca debió haber entrado en prisión, porque nada más llegar a España ya dijo que era menor de edad. Posteriormente, cada vez se le ha preguntado y en todos los sitios en los que ha podido, ha intentado hacer ver que es menor de edad«, ha recalcado Arencibia.
«No se trata de alguien que haya estado una noche en prisión, algo que ya causaría alarma si fuese una persona blanca o alguien nacido entre nosotros. Ha estado 82 días, 82, cuando ha habido múltiples instituciones, múltiples ocasiones, múltiples trámites... y siempre se han encontrado con la resistencia de Fiscalía», ha abundado.
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Este grupo de letrados confía en que la resolución del Comité Derechos del Niño de la ONU lleve a la Justicia a reaccionar.
Consultada por Efe, la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, ha recordado que el caso «está judicializado» y ha alegado que el Ministerio Público se pronunciará «cuando le den traslado de la causa», instruida por el Juzgado número 2 de San Bartolomé de Tirajana y ahora pendiente de recurso en la Audiencia Provincial, que debe fallar sobre la validez de la orden de prisión.
En la misma línea se han pronunciado al ser preguntados en rueda de prensa el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo, y la fiscal superior de la comunidad autónoma María Farnés Martínez.
«Es un asunto que está sub iudice. No me corresponde a mí como órgano gubernativo pronunciarme sobre el mismo. Tengo conocimiento de él por las informaciones que se han publicado», ha dicho Lorenzo.
Por su parte, Martínez ha señalado que la Fiscalía emitirá «el informe correspondiente» en cuanto el juzgado le dé traslado de las actuaciones, «de acuerdo a esa documentación que al parecer existe y también a este informe de Naciones Unidas».
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