Las protestas continuarán por parte del comité, que avanza por la vía judicial. / C7

Cuenta atrás para acordar los criterios para estabilizar a los temporales

Gobierno y sindicatos valoran positivamente los avances pero continúa pendiente afinar los requisitos para el concurso de méritos

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

El reloj de arena de la Administración Pública está a punto de agotarse. El Gobierno de Canarias y los sindicatos llevan días negociando la nueva oferta de empleo pública (OEP) que debe ver la luz antes del 1 de junio para cumplir con los plazos fijados por la nueva Ley 20/2021, y con el compromiso de cerrar la negociación de las bases para octubre, dos meses antes de lo establecido.

Sin embargo, pese a los avances de las tres jornadas «maratonianas» que abordó la mesa de trabajo durante la semana pasada, continúa pendiente afirnar los flecos sobre los criterios comunes a aplicar en los concursos de méritos.

El reto es que estos requisitos estén lo suficientemente acotados a la realidad del archipiélago como para garantizar que la mayor parte del personal en fraude de ley consiga la permanencia.

Si bien los sindicatos valoraron positivamente los avances, entre las conclusiones de esas sesiones se extraen dos conflictos. Por un lado, hubo discenso en cuanto a los procedimientos aplicables al denominado «tercer proceso de estabilización» por el que se autoriza una tasa adicional de plazas temporales ocupadas en los tres años anteriores a 2020.

Tanto la Fecai como la Fecam, presentes en la mesa de trabajo, entienden que la selección debería hacerse mediante el sistema de concurso oposición salvo razones justificadas.

Sepca, CSIF y UGT se posicionan en el lado contrario, a favor del concurso de méritos como norma general, salvo que las oposiciones resulten más favorables para los afectados. CC.OO, por su parte, defiende el concurso de méritos en la totalidad de los procedimientos.

El problema de la titulación

Por otro lado, la exigencia de titulaciónobligó a revisar numerosas casuísticas en las que supondría un problema a la hora de estabilizar al personal. La posición de la dirección general de Función Pública fue aquí tajante, ya que entiende que es un requisito indispensable en la aplicación de la norma.

De acuerdo estuvieron la Fecai y la Fecam pero no los sindicatos, que consideran necesario buscar una alternativa a la falta de titulación oficial, de forma que la experiencia sea suficiente para cumplir con el criterio profesional.

Además, plantearon la posibilidad de ampliar la fecha para poseer el certificado de profesionalidad hasta el momento de formalizar el contrato de trabajo y no en la fecha de presentación de instancias al proceso selectivo.

En esta línea, la Mesa prevé coordinarse con el Servicio Canario de Empleo para agilizar la obtención de los certificados.

Acuerdos

Otros asuntos fueron menos polémicos. La Mesa acordó el descarte de los procesos de consolidación recogidos en la disposición transitoria cuarta para las plazas ocupadas temporalmente antes del 2005. Ambas partes entienden que no habiéndose convocado las pruebas, deberán acogerse también a lo dispuesto en la nueva ley.

En este contexto, se contemplan solo los procesos de estabilización, en los que se incluirán los puestos que en el momento de aprobar las ofertas estén ocupados en el ámbito de la Administración General, pero no los libres.

La Mesa decidió excluir de esa relación al personal laboral docente –ya que prevén que sea la Consejería de Educación quien regule al colectivo– pero sí incluyen los puestos del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, salvo los adscritos al propio ICHH. Una posición que no fue compartida por CC.OO, quien pedía no hacer distinciones.

Pendientes de esta misma decisión quedaron los puestos adscritos a la Administración de Justicia, ya que se prevé una reunión con la dirección general.

El diálogo continuará mañana con un nuevo encuentro con la comisión asesora de plantillas y la comisión de función pública.

El comité ampliará la huelga seis meses más

El objetivo que persigue la Consejería, según el comité de huelga, es «cumplir el expediente» y dar la máxima seguridad jurídica a los procesos para evitar que se impugnen, pero no resolver genuinamente el problema de la temporalidad.

Así lo ha asegurado una de sus portavoces, Yolanda Cívicos, que asume el conflicto seguirá alargándose sin que se escuchen sus demandas.

Si junio será la fecha para conocer la OEP también lo será para renovar otros seis meses la convocatoria de la huelga. «Seguiremos luchando porque está claro el nivel de ninguneo que han tenido con el comité», señala.

El domingo se cumplía, además, el plazo para que el Gobierno diera respuesta a la reclamación presentada por incumplimiento del acuerdo de abril, por lo que el siguiente paso, dice, será presentar formalmente la demanda judicial.

«Estas negociaciones son un circo –añade Cívicos– No creo que vaya a haber acuerdos, pero las publicarán sí o sí porque no tienen tiempo de resolver en tiempo y forma las distintas casuísticas y, encima, lo harán con trampas y sabiendo que habrá muchos errores».