Cuatro décadas dando forma a un pueblo

Para los canarios fue además el inició de la andadura del autogobierno, aunque probablemente la mayoría no habrá oído hablar de ello. El 10 de agosto de ese año fue aprobado en las Cortes el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Supuso el punto de partida de una evolución económica y social de estos últimos 40 años en los que la sociedad isleña no tiene nada que ver con lo que fue. Han sido, en palabras del presidente del Parlamento, Gustavo Matos, cuatro décadas «que han traído consigo los mejores años de la historia de las islas».

Este cambio se vio impulsado sobre todo en la apuesta por la educación en los primeros años de la autonomía, que vivió un salto cualitativo con el traspaso de competencias en esta materia, en 1984. Diez años más tarde se recibirían las de Sanidad.

En este periodo ha habido que dar formar a una comunidad integrada por siete territorios en la que el equilibrio se ha constituido como elemento fundamental para mantener no solo la cohesión social, sino un proyecto común. Y es que en esos primeros años, la apuesta por la comunidad autónoma no estaba tan clara.

Asuntos como las sedes institucionales o los organismos de la comunidad autónoma pasaban del debate al conflicto.

Estas cuestiones se resolvieron con el ya famoso Pacto de Medinacelli, que no fue otra cosa que una reunión de diputados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en un restaurante con este nombre para resolver cuestiones que aún permanecen, como la capitalidad compartida, la presidencia alterna por legislaturas o que la sede del Parlamento esté en Santa Cruz y la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.

Ese equilibrio también había que buscarlo en la posición de un mismo partido en diferentes islas, que se vio superado en algunas ocasiones. Fue el caso del debate, en 1989 de creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, avivada por manifestaciones en pro y en contra. Lorenzo Olarte, presidente entonces, reconoció que firmar el decreto después de una manifestación «hostil» hacia el y hacia Gran Canaria «no fue fácil».

Unos años antes, la Ley de Aguas había provocó uno de los debates más duros en el pleno del Parlamento, que llegó igualmente con una enorme presión por las movilizaciones populares.

Lejos de esta tensión, pero con una importante contestación se vivió la tramitación de la ley de moratoria, ya con Román Rodríguez al frente del Gobierno de Canarias.

Momentos tensos igualmente en la Cámara fue la votación del dictamen de la comisión de investigación sobre Tindaya, que requirió que se votara hasta nueve veces.

Las relaciones con el Estado y las dificultades del los distintos gobiernos centrales para reconocer las especifidades de Canarias han evidenciado discrepancias, sobre todo en materia fiscal y económica a lo largo de estos 40 años y -al margen de los enfrentamientos más actuales- ya fue el principal motivo de la moción de censura a Jerónimo Saavedra por las AIC de Manuel Hermoso en 1993.

Otro de los episodios de profundas diferencias con el Estado tuvo que ver con las prospecciones de Repsol. Desde el primero momento, el Ejecutivo de Paulino Rivero se puso al frente del movimiento contra los sondeos en aguas cercanas a Canarias, después de la licencia concedida a la petrolera por el Ministerio de Industria liderado por José Manuel Soria.

Que el camino no iba a ser fácil ya se vio desde el principio. Tal es así que un lema del primer Gobierno de Canarias, presidido por Saavedra fue 'Canarias es posible', un mantra que pretendía afianzar la comunidad autónoma.

Y es que, como el propio Saavedra ha repetido en distintas ocasiones, muchos pensaban que la autonomía no era necesaria, que bastaba con una mancomunidad de cabildos.

La última reforma del Estatuto de Autonomía de 2018 -la anterior se produjo en 1996- supone una ampliación del autogobierno, a la vez que reconoce hechos diferenciales del archipiélago como la ultraperificidad o la insularidad.

El texto recoge el blindaje del Régimen Económico Fiscal, la desvinculación de sus recursos de la financiación autonómica; un notable aumento competencial o el reconocimiento de las aguas canarias como parte del territorio autonómico, asuntos que en la práctica no siempre han quedado bien resueltos con el Estado.

Pendientes continúan los debates sobre el crecimiento demográfico, la necesidad de diversificar el modelo económico y avanzar hacia un turismo más sostenible, luchar contra la pobreza que no deja de crecer en las islas o aprovechar las oportunidades que se ofrecen para la transformación digital. El camino está marcado.