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La ley de coordinación de las policías locales de Canarias sigue enquistada y, de momento, sin posibilidad de acercamiento entre las partes.
Si la semana pasada el vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández, aseguraba que los alcaldes no se sentarán a negociar esta norma con los representantes sindicales, ahora es UGT quien califica a la Fecam de «lobby que intenta presionar al Gobierno y a los grupos parlamentarios» para introducir cuestiones que observando «criterios técnicos y jurídicos» van en contra de la normativa actual.
La Consejería de Presidencia, que dirige Nieves Lady Barreto, pretende consensuar un documento sobre la coordinación de las policías locales y ha señalado en distintas ocasiones la necesidad de que todas las partes cedan en sus pretensiones.
De entrada, ya la Fecam ha dicho que no se sentará a negociar una ley en la comisión de coordinación con los sindicatos y los acusa de querer seguir formando parte de este foro para condicionar cualquier modificación legal.
Para UGT, los policías locales de Canarias a través de sus organizaciones sindicales y los alcaldes a través de Fecam «tienen la misma legitimidad para debatir los asuntos en el seno de la comisión de coordinación, como se hace en el resto de comunidades autónomas».
Entienden que la presidenta de los alcaldes, Mari Brito, y el vicepresidente, Óscar Hernández, «solo quieren silenciar a los representantes legítimos de los policías», actitud que consideran «antidemocrática».
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