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Los grupos parlamentarios de Coalición Canaria y Partido Popular echaron ayer en cara al consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que después de cuatro años negociando las transferencias en materia de Costas asumidas el pasado 1 de enero, siguen existiendo demasiadas lagunas.
«No hay expedientes, no hay personal, no hay nada», resumieron y «lo que es peor», temen que no se logren avances en lo que queda de esta legislatura.
En una comparecencia solicitada por el Grupo Nacionalista, la diputada Socorro Beato calificó de «incomprensible» que el Gobierno canario se haya conformado con un traspaso similar al que se firmó con Andalucía «hace ya 12 años».
También la portavoz popular, Luz Reverón, consideró «lamentable» que «después de tanto bombo y platillo durante cuatro años, no se haya avanzado en la gestión de Costas».
Firma La transferencia de la competencia de Costas a Canarias fue firmada en julio pasado por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Efectivas Este traspaso de la gestión y servicios en esta materia no fue efectivo hasta seis meses después, el 1 de enero de 2023.
Recursos El traspaso de la gestión de Costas incluyó la 'cesión' de 20 trabajadores, dos bienes inmuebles y siete vehículos.
En este sentido, las dos parlamentarias hicieron hincapié en que, después de tanto tiempo, aún se desconoce qué pasos ha dado la Consejería para saber, por ejemplo, qué expedientes se han recibido «si es que se ha recibido alguno», apostilló Beato.
Ambas diputadas destacaron que este asunto «clave» deja «en el limbo» la resolución de uno de los asuntos más importantes, que afecta a los hoteles Oliva Beach y Tres Islas situados en las dunas de Corralejo (Fuerteventura).
Al respecto, Reverón subrayó que «si ahora dicen que tienen problemas con Madrid por este asunto, y que están dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que han hecho todos estos años?», una reflexión que compartió Socorro Beato.
Por su parte, el consejero de Transición Ecológica, aseguró en su intervención que el Gobierno resolverá los expedientes de los dos hoteles majoreros y, para ello, tal como ya había anunciado, está dispuesto a presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
El objetivo es que estos asuntos, cuyas concesiones son anteriores a la Ley de Costas, sean transferidos.
Destacó José Antonio Valbuena que, frente a las comunidades de Andalucía y Cataluña, que no han reclamado expedientes anteriores a la Ley «porque es un marrón», Canarias pretende asumirlos y gestionarlos «y resolver el problema».
La oposición cuestionó los tiempos y la eficacia en la negociación que ha llevado a cabo la comunidad autónoma y no sólo para estos asuntos significativos desde el punto de vista turístico.
En este sentido, la parlamentaria del Grupo Popular, Luz Reverón, señaló que la inacción del Gobierno regional no solo afecta a los grandes temas, sino que los ayuntamientos con litoral «no saben qué hacer ni a quien dirigirse para solicitar los servicios de temporada».
Además, Beato criticó que la valoración del coste anual de las funciones y servicios que se traspasan, que cuantificó en unos 600.000 euros frente a los 2,5 millones que supuso el traspaso para Andalucía en 2011. Es decir, el archipiélago, con el doble de kilómetros de costa, solo consiguió un 25% de lo negociado por la Junta andaluza.
También se refirieron las diputadas de la oposición a los medios humanos y materiales recibidos por las islas tras la cesión de la gestión de Costas.
Tal como detalló Beato, «recibimos la tercera parte de los vehículos que recibió Andalucía -siete frente a 21- y la tercera parte del personal -20 efectivos cuando Andalucía recibió 62-».
En este sentido, Reverón abundó en que la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) no se ha llevado a cabo y, por tanto «tampoco hay personal».
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