Imagen de archivo de unos trabajos en una obra en una vía de Fuerteventura. / C7

Los constructores temen que las entidades locales no revisen los precios

El nuevo decreto ley mejora los costes pero es imprescindible que se incluyan más materiales de obra, según la AECP

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

Los constructores de las islas se mantienen en un «impasse» hasta conocer el alcance del real decreto que contempla una revisión de precios como consecuencia del encarecimiento de los costes debido a la guerra -que viene a implementar el alza ocasionado por la pandemia- y a la espera de conocer finalmente qué productos se van a incluir en el mismo. En el ámbito de la comunidad autónoma, el Gobierno ya ha asumido este real decreto y lo hace extensivo a las instituciones locales.

Sin embargo, la segunda parte y la más complicada de este asunto, tal como apostilla la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), María Salud Gil, es hacer efectiva esa revisión de precios. A su juicio, «imperará la realidad» y hasta ahora, esa realidad evidencia que, a nivel general, a las empresas que han acudido a cabildos y ayuntamientos para reclamar un alza de los precios «les han dado largas o les han dicho que acudan a los juzgados».

Por eso, la «preocupación» es como van a reaccionar las distintas administraciones públicas, ya que, si no se produce esa revisión, «tenemos que plantearnos rescindir los contratos o suspender las obras, lo que significa un posible 'boomerang' punible a la empresa, porque hay un contrato por medio y, de entrada, el aval se pierde». Pero muchos, dice Gil, prefieren «perder el aval a perder la camisa».

AMPLIACIÓN DEL DECRETO

  • Conflicto bélico En el contexto de la guerra y la inestabilidad de precios, el Gobierno amplió el decreto para la revisión de precios de las obras.

  • Ampliación del plazo En la modificación, se amplía el ámbito de la revisión a las obras en alguna fase del proceso de contratación y en licitación.

  • Nuevos materiales Se puedan revisar otros materiales, adicionales a los apuntados en marzo, aunque aún no se han definido cuáles.

Insiste en que si las entidades locales no están dispuestas a revisar los precios y las empresas se ven en la obligación de ir al juzgado, «probablemente no nos interesa acogernos al real decreto». Aunque todas las instituciones deben acatar la normativa, «tememos que pongan resistencia y, quizá de entrada no se nieguen, pero por ejemplo, opten por no contestar».

«Una de cal y otra de arena»

Al respecto, indica que la administración debe pagar en 30 días «pero algunas tardan más de un año». A su juicio, con la nueva norma «recibimos una de cal y otra de arena», por lo deben analizar el escenario para actuar. A pesar de las dificultades, de momento descartan acudir a ERTE de fuerza mayor o al paro.

Si las administraciones no reconocen la revisión que marca el decreto «lo tenemos muy crudo», dice Gil, quien apunta que, en este momento, el sector está «paralizado» esperando que se aclare la situación y se valoren los pasos a seguir. Agrega que la AECP «va a defender a las empresas y, además de armarlos juridicamente, desarrollará una labor institucional con las administraciones porque no pueden ir a pecho descubierto».

Tras la crisis sanitaria, el incremento de costes de obra alcanzó el 26%, porcentaje que en este momento se sitúa en torno al 40%. Esto coloca a las empresas de la construcción en una situación «muy comprometida» porque las obras se están realizando a pérdida, reitera Gil.

«Insuficiente»

El real decreto inicial requería para la revisión de precios -además de superar el 5% de corte y hasta un 20%- la utilización de productos bituminosos, cobre, siderurgia y aluminio. A juicio de la AECP, esto resultaba «insuficiente» y «expulsaba a muchas empresas».

El nuevo real decreto abre la posibilidad de incluir otros materiales -y revisar los precios con unos índices más actualizados-, pero es «imprescindible» que se definan. Insiste Gil en que el marco legislativo «se hizo para la pandemia y con estos ajustes se han mejorado las reivindicaciones, pero es fundamental incluir otros materiales».

Simulaciones

El sector de la construcción vive momentos de incertidumbre porque desconoce el alcance que las nuevas medidas adoptadas del pueden tener para sus empresas. Es una situación «complicada» ante la que los empresarios han optado por hacer «simulaciones para saber quien entra y quien no» en las condiciones que recoge el decreto ley aprobado por el Gobierno central, y por tanto, «calibrar la magnitud del problema» al que se enfrentan, tal como señala la presidenta de los constructores de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil.

La presidenta de la AECP, María Salud Gil.

Explica a este respecto que las empresas de la construcción han decidido hacer «talleres» en los que «ensayarán una a una» su casuística particular «porque puede que a unas les interese y a otras no acogerse a esta medida», según la dirigente de la AECP porque «si nos vemos obligados a ir a los juzgados, quizá nos convendría más una reclamación completa». El objetivo es que cuando las empresas se sienten con la administración «tengamos datos concretos».

En este sentido, detalla Gil que el real decreto recoge un tope de revisión de precios del 20%, en el que no entran todos los materiales. Sin embargo, las empresas que acudan a esta nueva normativa no puede hacer una reclamación judicial. «Entre las condiciones del Gobierno figura renunciar a todas las reclamaciones y, a lo mejor, como empresa me interesa más ir al juzgado y no optar por el real decreto». Reitera Gil que la situación que está viviendo el sector de la construcción es «muy complicada».

Estas dificultades no solo tienen que ver con los riesgos asumidos por una empresa a la hora de concursar por una obra, sino por los «sobrevenidos», que el decreto reconoce aunque «hay un posible enriquecimiento de la administración si deben acabarse las obras a pérdida, un desequilibrio del contrato y un peligro brutal que son los empleos».