El Congreso rechaza prohibir la compra de viviendas a no residentes en las islas

La diputada Ione Belarra, que defendió la iniciativa en la comisión de Vivienda de la Cámara Baja, destacó que el porcentaje de propiedades inmobiliarias adquiridas por no residentes en algunas de las islas del archipiélago canario y en todas las de Baleares alcanza ya el 40% del total de las ventas, un dato que la dirigente de la formación morada calificó de «escalofriante».

Ante esta situación, Podemos planteó poner en marcha la «excepción insular», consistente en legislar para limitar temporalmente la posibilidad de que los no residentes compren viviendas en los dos archipiélagos.

Con ello «se evitaría que continúe el alza insostenible de los precios», expuso Belarra, «además de que a nadie se le escapa que los no residentes que quieran comprar en Canarias o Baleares van a tener la vivienda vacía la mayor parte del tiempo, cuando hay una emergencia habitacional que afecta a los residentes en las islas», añadió.

Al texto original de la iniciativa se incorporó una enmienda a propuesta del grupo parlamentario de Sumar que buscaba prohibir «de forma expresa» la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado, en concreto pertenecientes a la Sareb, Adif y al Ministerio de Defensa.

El portavoz del PP, Joan Mesquida, expresó la «rotunda oposición» de su partido a la propuesta de Podemos por «razones de sentido común y por razones legales». El diputado popular aseguró que «no se puede impedir que los españoles se compren una vivienda en su propio país y tampoco tiene sentido prohibírselo a nadie, venga de donde venga». Y recordó que la UE avala la libertad de movimiento de capitales entre los países miembros.

En similares términos expuso su posición en contra la diputada del PSOE Dolores Corujo, quien pese a compartir la preocupación por el encarecimiento de la vivienda que afecta especialmente a Canarias por su condición de archipiélago y territorio limitado, consideró que la propuesta de Podemos choca con los preceptos legales recogidos en la Constitución y el derecho internacional.

«No se puede hacer distinción entre españoles de otras comunidades autónomas, que gozan de la libertad de adquirir propiedades en cualquier parte del territorio nacional», expuso Corujo.

Respecto a los ciudadanos de otros países, la parlamentaria socialista recalcó que cualquier limitación sería «contraria al espíritu y la letra de los tratados comunitarios que consideran esencial la circulación de personas y la libertad de establecimiento».

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Carlos Hernández, calificó de «inadmisible» que se creen «zonas de acceso limitado» para españoles dentro de su propio país.