Las comunidades dejan fuera de la Comisión de Infancia el decreto sobre los centros de acogida
Las regiones del PP tumban la actualización del informe de la distribución territorial de los menores migrantes no acompañados
La próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para celebrarse a primeros de noviembre, se quedará «diluida» tras el rechazo de las comunidades a tratar el real decreto que prepara el Gobierno de España sobre los centros de acogida.
Así lo explicó este viernes la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, tras finalizar la comisión sectorial preparatoria.
En la reunión, que se llevó a cabo telemáticamente, todas las comunidades rechazaron este decreto, aún en fase de borrador y actualmente en audiencia pública, porque no se había contado con ellas para elaborar el texto.
«No nos oponemos a que tiene que haber una homogeneización a la hora de atender a los menores en los distintos recursos», señala Rodríguez, exponiendo la posición defendida por Canarias. «Pero sí que llama la atención que el Gobierno de España pretenda invadir las competencias de las comunidades autónomas». Por eso, añadió la directora general de Infancia, las regiones pidieron que se «quedara sobre la mesa» y que no se incluyera en el orden del día de la Conferencia Sectorial. «Tendríamos que discutir el texto, trabajarlo y llegar a un consenso», lamenta Rodríguez.
Fue el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, quien informó sobre este decreto sobre los sistemas de acogimiento de los niños, niñas y adolescentes extranjeros solos, y con él se pretende garantizar, según el ministerio, unos «estándares mínimos de calidad para los centros residenciales».
Número de menores que debe acoger cada comunidad
Además, explicó Rodríguez, las comunidades del PP, que suman 11 de las 17, se opusieron a que se diera cuenta de la actualización del número de traslados entre comunidades autónomas de menores migrantes tras la declaración de contingencia migratoria extraordinaria en Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Como se recordará, Infancia elaboró un cuadro determinando la capacidad ordinaria de las comunidades y, en base a ella, el número de menores migrantes que podría acoger cada una de ellas, dando por hecho que tendrían que abrir nuevos centros, como ya hicieron Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Según Sandra Rodríguez, uno de los hándicaps que existen es que el ministerio no ha declarado la emergencia nacional, de tal forma que para las regiones sea más fácil abrir nuevos centros.
Canarias lo hizo adaptando su normativa tras la declaración de emergencia migratoria, lo que permitió relajar las reglas y trámites para abrir nuevos centros. Canarias y otras comunidades como Castilla-La Mancha y Ceuta y Melilla votaron a favor de que se diera cuenta de estas cifras, pero las regiones del PP votaron en contra, con lo que tampoco irá en el orden del día, explicó Rodríguez.
Con todo, reconoce la directora general de Infancia del Gobierno canario, las comunidades del PP cumplirán la ley, esto es, acogerán a los menores que sean derivados por cualquiera de los procedimientos que ya están en vigor. No obstante, añade Rodríguez, se han manifestado a favor de mantener los distintos contenciosos judiciales que han abierto, bien en el Tribunal Supremo o bien en el Tribunal Constitucional.
Según Rodríguez, las comunidades «no entienden» cómo se está haciendo en estos momentos el reparto, en referencia tanto a los chicos que han salido de las islas para integrarse en el Sistema de Protección Internacional en distintos recursos de la Península, como, especialmente, a aquellos que siguen en la red de acogida de menores de las comunidades. Pese a ello, insiste Rodríguez, el ministerio ha agradecido la colaboración de las islas y, de momento, ninguna comunidad ha rechazado el escaso número de menores que se han derivado a sus recursos.
