La comisión del REF encara su recta final con el reto de reformar el fuero canario por «consenso»

La Comisión de Estudio del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias ha intensificado sus trabajos con la incorporación de 25 nuevos expertos propuestos por los grupos parlamentarios, lo que eleva a 37 el número total de comparecientes. La idea es iniciar en julio la elaboración del anteproyecto de dictamen, con el objetivo de que esté listo en octubre, y la aspiración es que se apruebe «por un amplio consenso o unanimidad» en el Parlamento de Canarias.

Así lo explica el presidente de la comisión, el diputado socialista Manuel Hernández, quien asegura que los cambios que se propondrán no serán meramente cosméticos, ya que hay que tener en cuenta que la última reforma del fuero canario fue en 2018. «Ha pasado mucho desde entonces. En el día a día uno no se da cuenta, pero hemos vivido una pandemia y la crisis que provocó, y estamos en un contexto internacional de volatilidad económica y, además, con una reforma reciente del Estatuto de Autonomía», señala Hernández.

La comisión ha decidido ampliar el número de comparecientes, por lo que finalmente serán 37 expertos y expertas. «Creímos necesario garantizar un enfoque diverso y riguroso sobre el futuro del REF», apunta el presidente de la comisión. Por ello, se contará con perfiles académicos, representantes del mundo empresarial y del ámbito técnico-político.

Esta ampliación llevará los trabajos de la comisión del REF hasta principios de julio y, «a partir de ese momento, el relator de la comisión —una figura técnica elegida por unanimidad— iniciará la redacción del anteproyecto de dictamen».

Este texto será «el punto de partida» para una fase de análisis, enmiendas y propuestas por parte de los grupos parlamentarios, con el objetivo de aprobar el dictamen definitivo entre los meses de octubre y noviembre, afirmó Hernández. La comisión busca alcanzar «un consenso amplio o incluso la unanimidad», siguiendo la tradición de «acuerdos transversales que han caracterizado históricamente al REF», explica el presidente.

Entre los temas que abordará el dictamen se incluyen su encaje constitucional, su papel como motor económico y social de Canarias, su relación con el sistema de financiación autonómica y la necesidad de actualizar los mecanismos de reforma del propio REF.

Uno de los elementos más debatidos, explicó el presidente de la comisión, ha sido la efectividad de instrumentos como la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), cuya utilidad durante períodos de crisis «ha sido cuestionada por varios expertos». Se propone rediseñarla para que responda mejor a contextos económicos adversos o «contracíclicos», así como fortalecer la seguridad jurídica en su aplicación. Entre las propuestas que se barajan está destinar la reserva a la construcción de vivienda asequible —como ya se ha planteado en el Parlamento nacional— o a sectores como el software o la inteligencia artificial.

Además, resumió Hernández, se han planteado propuestas para fomentar sectores estratégicos como la innovación, la industria especializada o las energías renovables. Aunque muchas de las intervenciones han reflejado «visiones contrapuestas», los parlamentarios, dice Hernández, se muestran dispuestos a traducir este pluralismo en acuerdos concretos.

En cuanto a las propuestas lanzadas por el comisionado del REF, desde la comisión se considera que este órgano es el que debe canalizar el debate, pues es el «órgano legítimo para impulsar una reforma de calado del REF».

Para Sonia Mauricio Subirana, profesora de Derecho Financiero de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y una de las comparecientes en la comisión del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), «los recursos tributarios» propios de las islas, del REF no deben «integrarse o computarse en el sistema de financiación autonómica para respetar el espacio fiscal propio canario y para que su desarrollo no penalice la autonomía financiera de la Comunidad autónoma». En concreto, dice la experta, «es fundamental que se mantenga la redacción actual de la máxima norma de Canarias, el Estatuto de Autonomía, en una futura reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas».

Mauricio defiende que el REF, desde el prisma constitucional, no es «un privilegio económico o social», porque quedaría fuera de la norma fundamental. Por el contrario, explica, «supone una concreción efectiva del principio de solidaridad entre las nacionalidades y regiones del Estado español. Solidaridad que se consagra» ya en la Carta magna «al preconizar el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular».

Para la experta los cambios en los dos impuestos de naturaleza estatal cedidos a Canarias, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) deben ser prudentes. El IGIC, recuerda, «resulta una fuente de ingresos imprescindible» para Comunidad Autónoma y para cabildos y ayuntamientos, por lo que deben estudiarse caso a caso las bajadas de tipo, y con el AIEM se deben analizar las cifras «si está cumpliendo con su finalidad».