Asián apuesta por «medidas fiscales disuasorias» para limitar la compra de vivienda por no residentes
La consejera de Hacienda y Asuntos Europeos reconoce que las restricciones absolutas chocan con la legislación de la Unión Europea
La consejera de Hacienda y Asuntos Europeos y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, reconoció que limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros y no residentes en las islas encuentra importantes obstáculos en el marco de la Unión Europea, aunque cree posible lograrlo a través de «medidas fiscales disuasorias».
Asián respondía así a la diputada socialista Lucía Fuentes Mesa en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento de Canarias, donde preguntó por el encaje en las políticas de la UE de «la ofensiva anunciada por el presidente del Gobierno de Canarias», Fernando Clavijo, el pasado marzo.
Fuentes recordó que también el Gobierno de España estaba «moviendo ficha» y señaló que ya el pasado año se eliminaron «las Golden Visa implantadas por Rajoy en 2013». La diputada socialista dijo que solo en 2023 «los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron 27.000 casas y pisos en España, no para vivir en ellas, sino para especular» y señaló que España es «uno de los destinos más populares para segundas residencias y viviendas vacacionales, procediendo gran parte de ese interés de compradores estadounidenses, británicos, marroquíes en los últimos años, venezolanos y mexicanos».
Asián dijo que «la adquisición de vivienda secundaria es un movimiento de capitales y, como tal, se regula en el Tratado fundacional de la Unión Europea», y explicó que «las restricciones a la libre circulación de capitales deben estar amparadas por exigencias imperiosas de interés general y respetar los principios de no discriminación y proporcionalidad».
La diputada socialista cuestionó la viabilidad de la propuesta anunciada por Clavijo, advirtiendo sobre su aparente contradicción con las políticas europeas. «¿Tendrá encaje en las políticas de la Comisión y el Parlamento Europeo?», preguntó, señalando además la falta de coordinación interna en el Gobierno: «Tan solo un mes después, el PP rechazaba una moción similar en la Comisión Mixta de Insularidad».
Asián matizó que sí existen precedentes de restricciones territoriales a la adquisición de vivienda en Europa, como en Finlandia o Malta, pero subrayó que estas fueron negociadas antes del ingreso de dichos países en la UE. En el caso español, estas restricciones deberían justificarse ante el Tribunal de Justicia de la UE, que «ha establecido que se puede limitar la adquisición de residencia secundaria en una determinada zona geográfica siempre que sirva para determinados fines, como asentar población o fomentar una economía no turística».
Además, la consejera confirmó que el Gobierno canario está trabajando en posibles soluciones fiscales, más que en prohibiciones absolutas. «Se están contemplando medidas fiscales disuasorias para esta cuestión», señaló, al tiempo que abundó en que «la limitación absoluta no está autorizada en el derecho europeo».
La consejera recordó que se ha constituido un grupo de trabajo en la Conferencia de Presidentes que analizará, junto a los cabildos y otros agentes públicos y sociales, las posibilidades legales y fiscales para abordar el problema. «Es prematuro establecer conclusiones», advirtió Asián, aunque subrayó el compromiso del Ejecutivo autonómico con un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado.
