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La proposición de ley sobre comercio triangular que este martes se debate en el Congreso tiene entre sus objetivos reajustar los requisitos para las empresas que realizan este tipo de actividad dentro de la Zona Especial Canaria (ZEC), además de aportar seguridad jurídica.
Una vez que la iniciativa emanada del Parlamento de Canarias entre a trámite se abrirá previsiblemente una negociación para modificar mediante enmiendas los aspectos a los que el Ministerio de Hacienda pone reparos, entre los que está la flexibilización del porcentaje de inversión que las empresas deben realizar en Canarias.
¿Pero en qué consisten exactamente las operaciones triangulares -o trading- que ahora llegan a Cámara Baja? Se trata del comercio mayorista que realizan las empresas radicadas en Canarias que compran una determinada mercancía en un país -China es el más frecuente- y la venden en otro -uno de los principales destinos es Estados Unidos-, sin que en ningún momento esa mercancía pase por territorio de la comunidad autónoma.
Las empresas inscritas en la ZEC que realizan operaciones triangulares se beneficiaban desde el año 2000 del tipo reducido del 4% del Impuesto de Sociedades, pero un informe de la Dirección General de Tributos del Estado solicitado por la Agencia Tributaria determinó en 2021 que para poder acogerse a la bonificación fiscal la mercancía debía pasar obligatoriamente por Canarias, lo que en la práctica supone duplicar el coste del transporte y se come el margen de beneficio de la operación de compra venta.
El acuerdo político alcanzado con Hacienda permitió subsanar la situación a través de una disposición final en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, por lo que desde el 1 de enero las operaciones triangulares pueden volver a acogerse al tipo del 4% con plenas garantías.
Pero la iniciativa autonómica de Canarias va más allá que la normativa vigente en cuanto a los requisitos y plantea que las empresas estén obligadas a realizar solo el 50% del gasto en Canarias en lugar del actual 90% establecido en la disposición final de los PGE.
Esto plantea un problema de equilibrio: si se rebaja en exceso el requisito se corre el riesgo de que las empresas tengan una oficina en Canarias para acogerse a las ventajas fiscales pero realicen la mayor parte de la actividad y de la inversión fuera de las islas.
Por contra, si se mantiene en el 90% se garantiza una mayor inversión en Canarias pero se limita el número de empresas que se quieran establecer, porque en muchos casos tienen otra oficina fuera de España que no pueden mantener con el 10% restante.
El otro aspecto de la proposición de ley que Hacienda no ve claro es la retroactividad ilimitada para acogerse al incentivo fiscal. Fuentes jurídicas advierten que tal como está recogida en la iniciativa podría ser inconstitucional -algunas empresas ya tienen actas levantadas y sentenciadas-, mientras que podría ser más factible que la retroactividad se aplique a los ejercicios no prescritos o en todo caso alcance hasta 2021, año en que se puso en cuestión el incentivo fiscal.
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