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Grupo de inmigrantes rescatados por Salvamento Marítimo en aguas cercanas al archipiélago. EFE

Canarias recupera el protocolo para agilizar pruebas de edad a menores

Bienestar Social señala que en torno a 1.500 personas están pendientes de someterse a este test, de los que la mitad pueden ser adultos

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de enero 2024, 01:00

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La comunidad autónoma mantendrá el protocolo especial dispuesto durante mes y medio el pasado año para agilizar las pruebas que determinen la edad de los migrantes y así intentar descongestionar los centros de menores.

La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez, señala en este sentido que la Consejería de Bienestar Social ya cuenta con el compromiso del Servicio Canario de Salud (SCS) de incrementar hasta 20 el número de pruebas que se pueden realizar diariamente -«frente a las 20 semanales que se hacían antes»-.

Ello será posible gracias a la colaboración con los centros privados y «en base a nuestras necesidades y los traslados de la Brigada de Extranjería». Una vez realizado este diagnóstico, el objetivo es que pasen «cuanto antes» al Instituto de Medicina Legal para emitan el informe a la Fiscalía, que es a quien corresponde decretar la edad.

EN CIFRAS

  • Tutela La comunidad autónoma acoge actualmente a 5.100 menores migrantes no acompañados en una red de 70 centros y prevé abrir cuatro más.

  • Pendientes de edad En torno a 1.500 personas están pendientes de someterse a las pruebas que determinen su edad. Bienestar Social considera que en torno a un 50% son adultos.

  • Traslados Uno de los problemas a la hora de evitar la congestión de los centros es, no solo las llegadas, sino las derivaciones desde centros de adultos de menores «dubitados».

La comunidad autónoma acoge actualmente a 5.100 menores migrantes no acompañados bajo su tutela porque el fenómeno migratorioha dejado de ser estacional.

El problema, apunta la directora general, sigue siendo la tardanza en determinar su edad, puesto que el protocolo especial puesto en marcha en 2023 solo estuvo activo entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. Mientras llegan esos resultados, hay mayores que son acogidos en centros de menores y al revés.

50% adultos

En ese mes y medio, y con una fórmula que contó «con el total apoyo» de la Fiscalía Superior de Canarias, todos los actores que intervienen en la determinación de la edad de un migrante trabajaron al «unísono».

En este tiempo, en torno a 1.400 personas de centros de menores fueron sometidos a estas pruebas «y se constató que nuestra preocupación era cierta», puesto que el 51% resultó ser adulto.

Esto significa que en torno a 700 personas salieron de los centros de menores decretadas como mayores. Con este baremo, indica la directora general, «sobre el 50% de los chicos que están pendientes del test puede también superar los 18 años», que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ascienden a unas 1000 personas y algo más de 500 en Las Palmas.

E igual que los migrantes pasan de centros de menores a recursos de adultos, también se da la situación contraria, personas que están en los dispositivos del Estado y son derivados a la comunidad autónoma al declarar que tienen menos de 18 años, «aunque sin una prueba diagnóstica».

Traslados de centros de mayores

Hace 15 días, detalla, Rodríguez, se derivaron a los centros del Gobierno regional a 210 menores «dubitados» a los que nuevamente fue preciso reseñar y pasar su número de Identificación de Extranjeros (NIE) de adulto a menor, además de «dejarlos pendientes de la prueba de edad». Y esto genera la paradoja de que «para pasar a un centro de mayores necesitas disponer de la prueba de edad, pero para pasar de mayores a menores no».

De esta manera, dice Rodríguez, «recurso que se abre, recurso que se llena» porque a los chicos que llegan por la costa se suman los que son derivados de estos recursos.

Por eso, el Gobierno de Canarias ha pedido a la Fiscalía de Menores que antes de trasladarlos, se les haga la prueba a los dubitados. Con ello se evitaría no solo la congestión de los centros, sino facilitar el trabajo de la propia brigada de extranjería con el cambio de documentación. A su juicio, son defectos que se van detectando en el protocolo «y si todos vamos corrigiendo, se agilizaría el proceso».

Canarias cuenta en estos momentos con 70 recursos y prevé abrir proximamente otros dos en Gran Canaria, uno en Tenerife y otro en Lanzarote.

Colaboración del Estado

Canarias llega este lunes a la Conferencia Sectorial de Infancia con la exigencia de que se dé respuesta al plan «solidario» establecido para 2023, que determinaba el traslado de 347 menores de las islas a la península.

Pero también pondrá sobre la mesa que reúne al Estado y las comunidades autónomas la necesidad de avanzar en un reparto «equitativo» en 2024 en tanto se modifica el marco jurídico que permita que esta distribución se realice en base a criterios de «responsabilidad».

La directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, señala que el Gobierno autonómico no ha planteado ninguna cifra para este año, pero teniendo en cuenta que en estos momentos acoge a más de 5.000 menores migrantes no acompañados «tendría que ser un reparto equitativo».

Reconoce que el resto de autonomías «tienen sus propios problemas y hace constar que sus servicios de protección están saturados», pero insiste en que es preciso abordar el problema en su conjunto y dar «respuestas excepcionales a una situación excepcional» porque la actual crisis migratoria ya ha superado los criterios de estacionalidad.

Reiteró Sandra Rodríguez que el Gobierno de Canarias «está sosteniendo sola» a estos jóvenes «que llegan a España por la frontera sur», porque a pesar del convenio de financiación firmado con el Estado y por el que recibe 50 millones, la atención que presta cuesta 104 millones anuales a la comunidad autónoma, unos nueve millones mensuales.

Tras esta reunión de la Conferencia sectorial, esta misma semana está prevista la visita de la ministra de Infancia, Sira Rego. En opinión de Rodríguez, el Estado está mostrando mayor receptividad sobre este asunto y en este momento «hay mayor predisposición» del Estado que, puntualiza, debe plasmarse en el cambio normativo, aunque también es preciso poner en marcha medidas más urgentes.

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