El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, en una imagen de archivo. / EFE

Canarias pone el foco en la RIC de Baleares para evitar que neutralice el diferencial fiscal del REF

Gobierno autónomo, empresarios y partidos políticos ven esencial que las islas no pierdan su ventaja competitiva sobre el archipiélago mediterráneo

Loreto Gutiérrez
LORETO GUTIÉRREZ Madrid

La reserva de inversiones para Baleares que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 -que de aprobarse entrará en vigor el próximo 1 de enero- ha hecho saltar las alarmas entre empresarios y fuerzas políticas de las islas, ante el riesgo de que un incentivo similar al que ahora ofrece la RIC canaria se lleve las potenciales inversiones al archipiélago mediterráneo.

Ante la inquietud generada por la decisión del Ejecutivo estatal, que viene a satisfacer una demanda histórica de Baleares, el Gobierno de Canarias ha salido al paso para puntualizar que la reserva de inversiones balear no supone una competencia real, porque sus incentivos fiscales son «mucho más reducidos» que los de la RIC canaria y por tanto, menos atractivos para la inversión.

Aunque el articulado recogido en el proyecto de ley presupuestario establece una deducción del 90% de la base imponible en el Impuesto de Sociedades para inversiones que fomenten la actividad productiva y la creación de empleo en Baleares -con una redacción prácticamente idéntica a la de la RIC-, la principal diferencia estriba en los límites de la reducción fiscal.

Mientras que la RIC canaria tiene autorización europea como ayuda de Estado por tratarse de una región ultraperiférica (RUP), con un tope de desgravación del 30% del importe neto de la cifra de negocio, la herramienta balear esta basada en el Régimen de Minimis -que regula las ayudas que por su baja cuantía no necesitan ser comunicadas a la Comisión Europea-, lo que limita el incentivo fiscal para la mayoría de las empresas a un máximo de 200.000 euros en tres años (500.000 si son empresas de interés económico general).

Otra diferencia sustancial es que en Baleares no se incluye la posibilidad de materializar en activos usados, ni en empleo no vinculado a la inversión inicial, y las posibilidades de materialización indirecta son mucho más reducidas.

El problema que aparece en el horizonte es la intención del Gobierno balear de lograr que Bruselas le levante el tope al incentivo fiscal, basándose en una resolución del Parlamento Europeo que propone que todas las islas de la Unión Europea tengan un trato similar al de las regiones ultraperiféricas.

Este es el siguiente paso para el que trabaja el Gobierno de Francina Armengol y ya ha obtenido el compromiso de Pedro Sánchez de promover la declaración de Islas Europeas durante la presidencia española de la UE, en el segundo semestre de 2023.

Aunque el Gobierno canario ve muy difícil que la Comisión Europea acceda a generalizar las ayudas de Estado en un contexto claramente restrictivo, asegura que en caso de que así fuera tendrían que habilitarse nuevos incentivos porque el diferencial fiscal de Canarias que establece el REF «esta fuera de toda duda» y debe mantenerse porque así lo marca la ley.

Para los empresarios sin embargo no cabe esperar a ver si la UE accede o no a la equiparación total en el futuro, por lo que la patronal demanda que se articulen nuevos incentivos para Canarias si la RIC balear se aprueba en los términos recogidos en los PGE de 2023, para evitar la desviación de la inversiones a un territorio más cercano al continente.

Entre las fuerzas políticas, el PP espera que la UE no permita la Reserva de Inversiones de Baleares porque «genera competencia» al archipiélago canario, mientras que CC también entiende que menoscaba los intereses de Canarias y «atenta contra la normativa comunitaria».