Canarias negocia la prórroga del convenio de carreteras con el Estado hasta 2034

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, anunció que ha habido avances entre el Ejecutivo regional y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para aprobar una adenda al actual convenio de carreteras (que finaliza en 2027) y que este se prorrogue por siete años más, hasta 2034 (cuatro más de los negociados inicialmente). Todo ello, con el objetivo de alcanzar una ficha financiera que llegue a los 1.200 millones de euros para poder ejecutar todas las obras que están en marcha en las ocho islas, como el cierre del Anillo Insular en Tenerife o la creación de un tercer carril en la TF-1. Un presupuesto que se quiere aumentar, pero que depende de que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado (que en estos momentos se encuentran paralizados).

A ellos se unirán otros proyectos «que se licitarán en un periodo corto de tiempo» que mejorarán la movilidad en el archipiélago. Se espera que la «firma formal» de esta adenda llegue antes del verano con el fin de erradicar los colapsos en las vías de las islas, que afectan a miles de canarios y canarias durante toda la semana. De momento, el acuerdo ya se está tramitando tanto en la Intervención General de la Administración del Estado y en la Abogacía del Estado, así como junto a los servicios jurídicos de las islas.

Así lo trasladó durante la comisión parlamentaria de Vivienda y Obras Públicas celebrada ayer en el Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, como respuesta al diputado Miguel Yonathan Martín, del grupo nacionalista.

Martín destacó que el acuerdo entre Canarias y Estado es fundamental para las obras en ejecución en las islas y las venideras, puesto que «son solo posibles a través de la prórroga» de este convenio.

Además, dentro de las conversaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se abrió un debate sobre una de las cláusulas del acuerdo que impedía incorporar obras en convenios futuros. Esta disyuntiva, remarcó el consejero de Obras Púbicas, ha quedado resuelta gracias al «buen entendimiento» entre los Gobiernos estatal y regional.

Durante la comparecencia del consejero de Obras Públicas en comisión parlamentaria, los representantes de los grupos aprovecharon para trasladar algunas dudas, como por ejemplo, la situación en la que se encuentran 56 viviendas protegidas en alquiler, ubicadas en Puerto del Rosario,Fuerteventura, y que corresponden al Plan Canario de Vivienda 2020-2025.

La diputada Carmen Hernández, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, trasladó las quejas de los vecinos de estos inmuebles, puesto que se anunciaron unos precios para su alquiler pero, en base al contrato que firmaron, se puede proceder a la revisión de los precios y que los inquilinos «paguen mucho más», según explicó Hernández.

Además de ello, las personas que residen en estos inmuebles se quejan de que tienen que hacer frente a los gastos comunitarios, aspecto que no estaba recogido en la información inicial, por lo que solicitaron al gobierno explicaciones.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas y Vivienda apostilló que la subida del precio de estos alquileres no se ha hecho siguiendo la legislación, a la que tienen que adaptarse las empresas promotoras. Por ello, se comprometió a mediar entre los vecinos afectados y las organizaciones encargadas de esta gestión para aclarar que hay unos precios máximos establecidos.

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