Canarias y Madrid se sientan a hablar de Costas en la primera quincena de abril

Este anuncio de Torres se produce después de que el Ejecutivo de Fernando Clavijo haya tomado la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para reclamar las competencias que considera exclusivas de la comunidad autónoma en relativas a Costas.

El acuerdo del Consejo de Gobierno del 4 de marzo se adoptó tras conocerse la orden del Ministerio para la Transición Ecológica -que dirige Teresa Ribera- de declarar la caducidad de la concesión otorgada para la ocupación y aprovechamiento del dominio público del hotel Oliva Beach, de la empresa RIU, en el parque natural de las dunas de Corralejo. La resolución implica de hecho la orden de derribo de este establecimiento turístico.

Previamente, el Ejecutivo autonómico había insistido en pedir la convocatoria de la comisión bilateral para «analizar y renegociar» estas transferencias, que la comunidad autónoma recibió a principios del año pasado, después de un largo proceso de negociación y varios retrasos.

Las primeras diferencias con Madrid ya surgieron durante la Presidencia de Ángel Víctor Torres, que igualmente advirtió de que podrían acabar ante el Constitucional.

Canarias mantiene que este traspaso se realizó «de manera parcial» y «no da solución a muchos de los asuntos que tiene la comunidad autónoma y que están recogidos en el Estatuto de Autonomía», entre ellos, las decisiones que afectan no solo a los hoteles de Fuerteventura sino a los asentamientos costeros.

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, se ha reunido en este mandato en varias ocasiones con representantes de la administración central para buscar soluciones a los problemas detectados y agilizar la resolución de expedientes pendientes, pero como respuesta «siempre ha encontrado reticencias».

Ante este bloqueo de la situación, el Gobierno de Canarias optó por pedir la convocatoria de la comisión bilateral a mediados del pasado mes de diciembre, un escenario del que responsabiliza al anterior Ejecutivo -presidido por el ahora ministro Torres- por aceptar «la tutela del Estado, que no reconoce la madurez de la comunidad autónoma» en materia de Costas.

Además de la decisión del Gabinete regional de acudir al Constitucional para defender las competencias de la comunidad autónoma, el Parlamento de Canarias aprobó esta misma semana, de forma unánime, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular para respaldar que el Gobierno plantee un conflicto de competencias en el Constitucional tras la resolución del Estado sobre el Oliva Beach y en defensa de los trabajadores.

Esta iniciativa se aprobó con una enmienda del Partido Socialista en la que se propuso confiar la solución a las vías de diálogo y a la convocatoria de la comisión bilateral que, previsiblemente, se celebrará de manera inmediata, tal como apuntó el ministro Torres en un acto celebrado en Tenerife.