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El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía, Manuel Domínguez, afirmó este martes que el Ejecutivo regional pedirá al de España una «compensación» por los gastos que durante el último año le han generado los menores inmigrantes no acompañados que han pedido asilo, 1.008 según las cifras que le han trasladado el Gobierno central. Domínguez respondía así en el Pleno del Parlamento de Canarias a una pregunta de la diputada socialista Nira Fierro, a la que le recordó que el Tribunal Supremo (TS) emitió un auto de medidas cautelares positivas por el que Ejecutivo nacional debe asumir la acogida de estos menores.
Precisamente esa acogida es la que están tratando el Gobierno central y Canarias en mesas técnicas según explicaron la pasada semana el presidente regional, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres tras una reunión, en la que estuvieron también las ministras de Infancia y de Migraciones Sira Rego y Elma Saiz, para dar respuesta al auto del Supremo. Sin embargo, este martes la consejera de Bienestar, Candelaria Delgado, aseguró en la sesión de control en la cámara regional que esas reuniones «de carácter técnico para que, el día 9, esos menores pasen al sistema de protección internacional del Estado, no se han celebrado aún, el Estado no se ha vuelto a poner en contacto con nosotros para coordinar estos traslados, por lo que vemos muy difícil que el plazo impuesto por el auto del TS vaya a cumplirse, pero la pelota está en el tejado del Gobierno estatal».
Canarias confiaba, dijo la consejera, en «la palabra de los ministros, que los menores tendrían que salir de Canarias porque la situación de hacinamiento hace imposible que permanezcan aquí, aunque Canarias entiende que cada caso debe ser analizado individualmente».
El auto fue «un recordatorio claro de la obligación irrenunciable del Estado español de garantizar la protección de quienes huyen de situaciones de conflicto, persecución o violación de derechos humanos», dijo la consejera de Bienestar Social.
Cabe recordar que el TS dio un plazo «improrrogable» de diez días para que se le informe de la «medidas que se adopten» en virtud del requerimiento que le hizo al Gobierno de España y que transcurrido ese plazo la sala decidirá sobre la celebración de una vista pública «en relación al cumplimiento de la medida cautelar adoptada».
En el Parlamento canario también se habló este martes de la convalidación del Real Decreto ley que presenta este jueves el Ejecutivo nacional en el Congreso de los Diputados para su convalidación y que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las regiones.
Nira Fierro pidió al vicepresidente y líder del PP en las islas que su partido se posicione «al lado de la solución» y voten a favor de la convalidación para garantizar la distribución solidaria de los menores migrantes. «Quedan dos días, y nos preguntamos si ya han reflexionado y si van a estar en la solución», dijo la diputada. «Sean valientes, que los diputados del PP de Canarias, ahora que ya no hacen falta, voten 'si' en la convalidación del Real Decreto, es su responsabilidad con el Pacto por la Inmigración, con este Parlamento y con Canarias», le dijo Fierro.
«Tenemos un decreto aprobado en el que el Gobierno de España, el ministro Ángel Víctor Torres y el PSOE al más alto nivel se han dejado la piel para contar con una solución estable y definitiva. Nosotros colaboramos y solucionamos con Presidencia del Gobierno, mientras usted sigue haciendo no sabemos muy bien qué», le dijo Fierro.
Por su parte la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, mostró su preocupación por el nuevo procedimiento judicial para determinar la edad de los migrantes cuando hay dudas sobre su minoría de edad, ya que, aunque es más garantista, puede alargar los plazos.
La Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno de España, presidida por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, aprobó este martes la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento y coordinación de la ejecución del Real Decreto ley que permite el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades y que tiene previsto convalidarse este jueves en el congreso. Será este órgano el que coordine los trabajos de la Comisión Interministerial para solicitar a las regiones la presentación de los datos sobre los recursos autonómicos de acogida, capacidad y ocupación de plazas por parte de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, o la aclaración de los datos que ya hayan sido presentados.
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