Canarias «eliminará y adecuará perfiles» de los laborales a la hora de hacerlos funcionarios

El plan de ordenación de recursos humanos que pretende el Gobierno de Canarias para agilizar y modernizar la administración autonómica parte de «una hoja en blanco». Así lo apunta el director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez, que asegura que no entiende el revuelo entre los sindicatos, toda vez que el proceso de funcionarización no está trazado. La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, «no anunció un plan elaborado», señala Rodríguez. «Se ha tomado la decisión de hacer un plan que será consensuado con los sindicatos» con representación del personal laboral y a los que se convocará en la segunda quincena de mayo para abrir la mesa negociadora.

Sí es cierto que hay una serie de «líneas predefinidas» y «se trabajará sobre ellas» y en base a las «demandas históricas» del personal, afirma el director general de Función Pública. «No hemos inventado nada».

A partir de esas demandas, y sobre una base dinámica de 7.000 trabajadores –personal laboral– hay que hacer «una reclasificación absoluta del personal laboral», incorporando profesiones emergentes que ahora mismo no están contempladas; y eliminando perfiles ya obsoletos. La revisión y reclasificación de las categorías profesionales sería por tanto el primer paso a seguir en el plan.

Ese análisis de la situación de partida se llevará a cabo en la mesa de negociación, en la que estarán sindicatos, técnicos de la administración autonómica y director general de Función Pública. El avance de los trabajos, asegura Rodríguez, dependerá «de lo que quieran hacer y, por supuesto, de llegar a acuerdos» con los sindicatos.

En este plan se va a abordar una reclasificación profesional para adaptarla al nuevo sistema educativo y a las profesiones emergentes –como ejemplo, informático–; las bases que regulen los nuevos procesos selectivos del personal autonómico; el acceso a la movilidad entre puestos de trabajo mediante concursos competitivos; la promoción interna en la carrera profesional; y la posibilidad de que el personal laboral pueda pasar a funcionarial.

El último plan de ordenación de recursos humanos laborales data de 2008. En este tiempo la profesionalización laboral ha cambiado mucho y la administración pública, también. «Hay categorías que están llamadas a extinguirse», como la de telefonista, señala el director general de Función Pública. «La relación con la ciudadanía, la atención, ha cambiado», y por tanto lo deben hacer los puestos de trabajo.

Además, hay que «acordar los concursos de traslados, el derecho que tienen a moverse» los empleados públicos. «Eso se va a mejorar con los sindicatos, cómo moverse en los puestos de la administración». A su vez, la promoción interna para aspirar a categorías superiores «se regulará».

En cuanto a la conversión de personal laboral a funcionario, «hay categorías laborales que van a seguir existiendo» pero que tienen que ser objeto de «una conversión de laboral a funcionario» (vínculo laboral); y otras que seguirán siendo laborales porque la ley así lo permite –personal de cocina, de limpieza o auxiliares de servicios complementarios–.

Y lo que se ha llamado funcionarización implicará al personal laboral ya existente que así lo quiera, mediante un procedimiento específico. De esta manera, los nuevos profesionales «serán funcionarios y los que ya están» dentro de la administración, «si quieren, pasarán a funcionarios. Esa es la funcionarización», explica el director general de Función Pública del Gobierno de Canarias.

«Después de más de 15 años, damos respuesta a una reivindicación histórica de 7.150 trabajadores, que representan el 64% del total de efectivos de la Administración General», dijo esta semana la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.

Anunciaba así la puesta en marcha de un Plan de Ordenación del personal laboral de la Administración General de la comunidad autónoma. Desde 2008 no se ha aprobado un plan de este tipo y con él se atiende una reivindicación histórica para permitir la promoción interna, la movilidad, la funcionarización y la adaptación de la clasificación profesional al sistema educativo actual. Pero la respuesta de los sindicatos ha sido que la consejera trabaja «a sus espaldas» y que no saben de qué se habla.

De ahí que el director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez, haya explicado que no hay nada decidido y que será a partir de mayo cuando se reúnan las partes para trazar la hoja de ruta de la llamada funcionarización de más de 7.000 trabajadores laborales.

En la actualidad más de la mitad de los empleados de la administración autonómica es personal laboral, lo que para Función Pública es un error histórico heredado de los años 80 del pasado siglo XX.

Ahora el objetivo es mejorar el desempeño de la administración para los ciudadanos, a la vez que se reconocen los derechos de los laborales, con una media de edad de 50 a 55 años y de 25 a 30 años de desempeño, ha explicado el director general.

Se trata de permitir y poner en ejecución procesos de funcionarización de aquel personal laboral que viene desempeñando puestos de trabajo o funciones que son propias del personal funcionario, procedimientos voluntarios.

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