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La imposibilidad de sentar a sindicatos y alcaldes para negociar ha dado al traste con un nuevo intento de actualizar la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, que data de 1997.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha decidido abandonar uno de sus objetivos para este legislatura ante la falta de avance en la búsqueda de acuerdo, un asunto que ha supuesto un quebradero de cabeza para los consejeros en esta materia en los tres últimos mandatos. A partir de ahora, Barreto se centrará en sacar adelante la Ley de Seguridad.
El empeño por sacar esta norma adelante deriva de la necesidad de avanzar en aspectos «vitales» para la policía local y que deben estar recogidos en una nueva ley, sobre todo para que los cuerpos municipales cuenten con los medios materiales precisos, el número de agentes suficientes, formación permanente o con medios actualizados, cuestiones que requieren, además de fondos, una colaboración permanente entre las administraciones regional y local.
Aunque el fin es compartido, la situación se volvió de complicada a imposible. Los alcaldes dejaron claro desde el primer momento que no negociarían con los sindicatos representantes de la policía local.
Tras los primeros intentos de Barreto de sentar a las partes, el vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y primer edil de Agüimes, Óscar Hernández, explicó que «los alcaldes somos los jefes de las policías locales y en este proceso escuchamos a los técnicos y sus sugerencias, pero no nos vamos a sentar con la representación social porque es tratar como igual a los responsables, que somos los alcaldes, con los sindicatos».
Mantuvo al respecto que la comisión de coordinación de las policías locales, donde se debate la ley, «no es el foro para hablar con los sindicatos» y planteó como alternativa una subcomisión técnica a la que se negó la parte social. Para Hernández el objetivo de los agentes es «seguir formando parte de un foro en el que pueden limitar cualquier modificación legal».
A su juicio, la «estrategia» de negarse a pasar a un segundo nivel de coordinación -que es lo que sucede con todos los trabajadores de la administración pública- pretende «conseguir en ese espacio lo que no pueden lograr en las mesas de negociación de cada uno de los ayuntamientos».
En respuesta a estas declaraciones, desde UGT se calificó a la Fecam de «lobby que intenta presionar al Gobierno y a los grupos parlamentarios» para introducir cuestiones que observando «criterios técnicos y jurídicos» van en contra de la normativa actual.
Portavoces de esta organización apuntaron que los policías locales a través de sus sindicatos, y los alcaldes a través de Fecam «tienen la misma legitimidad para debatir los asuntos en el seno de la comisión de coordinación».
En medio, la consejera ha reclamado «consenso» y que todos cedieran en sus posiciones como única fórmula para alcanzar un acuerdo sobre el texto de la ley, aunque también reconoció el «escaso interés de las partes» por un acercamiento.
El primer intento de elaborar una ley de policías locales se produjo en 2018, con la redacción de un texto que, según la consejera actual, Nieves Lady Barreto, se aprobó por unanimidad en la comisión de coordinación de las policías locales.
Estas afirmación fueron el inicio de las discrepancias con la Fecam, ya que tanto la presidenta, Mari Brito (PSOE), como el vicepresidente, Óscar Hernández (NC), negaron la mayor y aseguran que nunca hubo un texto consensuado sino que contenía posturas planteadas por los sindicatos.
Posteriormente, ya con el Pacto de las Flores, hubo un nuevo intento, que en este caso sí contaba con el respaldo de los alcaldes y las críticas sindicales.
Casi al final del mandato, y tras diferencias en el propio Ejecutivo, el consejero Julio Pérez anunció que dejaba la aprobación de la norma para «la próxima legislatura».
El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, reconoció en aquel momento que en el debate entre alcaldes y policías locales «el Gobierno se ha inclinado a posiciones más cercanas a los ayuntamientos, porque cree que debe quedar claro en la regulación legal la subordinación de los cuerpos de policías local a la corporación municipal y singularmente al alcalde». Criticó que los sindicatos quisieran negociar esta ley «como si fueran convenios colectivos».
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