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El Gobierno autonómico alude ante la Unión Europea (UE) al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento para sostener que podría adoptar medidas específicas en materia de inmigración irregular cuya concreción se desconoce porque el Ejecutivo no ha querido ir más allá.
El Parlamento, que ayer vio el informe donde se hace mención al conocido también como estatuto especial de las regiones ultraperiféricas, insta al Gobierno a detallar a qué «medidas específicas» se refiere, especialmente cuando de lo que se está hablando es del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.
La postura del Legislativo está basada en la propuesta que llevó ayer el diputado de Coalición Canaria (CC) y presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC), Juan Manuel García Ramos, a la Ponencia designada para evacuar el dictamen sobre el Reglamento del Parlamento Europeo y Consejo relativo a la Situación de Crisis y de Fuerza Mayor en el ámbito de la Migración y el Asilo, que debe remitirse a las Cortes Generales.
García Ramos subrayó que «el Gobierno de Canarias debe definir esas medidas específicas a las que alude y no quedarse en una mera declaración de intenciones».
La postura fue secundada por el resto de los ponentes que forman parte de los otros seis grupos parlamentarios. El diputado nacionalista aseguró que ninguno de ellos se atrevió a apuntar qué margen de actuación real tiene el Gobierno autonómico amparándose en la condición ultraperiférica de Canarias. No obstante, «sí decidimos todos que, además del pronunciamiento del Parlamento de Canarias, también se enviaran a las Cortes todas las iniciativas acordadas en materia de inmigración», apuntó.
El informe que ayer vio la Ponencia está firmado por el director general de Asuntos Exteriores del Ejecutivo autonómico, Juan Francisco Trujillo. En él, entre otras cosas, se indica que las medidas contempladas en el reglamento antes mencionado «podrían tener un gran impacto en Canarias, habida cuenta de la trágica situación actual, que no puede ser afrontada de manera aislada por el Gobierno de Canarias». Por lo tanto, y en el contexto del artículo 349, «la especial condición de Canarias como región ultraperiférica podría justificar la adopción de medidas específicas en este ámbito para estas regiones, previo análisis a efectuar por el departamento competente en materia de inmigración del Gobierno».
Desde la Vicepresidente del Ejecutivo, se aclaró ayer que la concreción de las medidas que pudieran adoptarse «supera» las competencias de la Dirección General de Asuntos Exteriores», y se afirma que este tema será probablemente «debatido» en el seno del Gobierno «en cuanto llegue la petición formal de informe».
Cabe recordar que fue, precisamente, una diputada del Partido Socialista Canario (PSC) y exconsejera del Gobierno, Teresa Cruz, la que alertó en la Comisión parlamentaria de Asuntos Europeos desarrollada a principios de noviembre, de que «Canarias necesita estar reflejada correctamente», en concreto respecto del sistema de acogida de inmigrantes, «porque no está definido».
Por ello, Cruz abogó por determinar en el documento comunitario «cómo se va a hacer la acogida de personas migrantes, la distribución solidaria por todo el continente europeo, y cómo se van a financiar los esfuerzos que, por ejemplo está haciendo ahora esta comunidad autónoma para la acogida».
En todo caso, CC le pide también al presidente de Canarias Ángel Víctor Torres que convoque la comisión de seguimiento del Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias para abordar «posibles riesgos para la economía y la sociedad canaria», entre los que los nacionalistas incluyen el «aumento de la migración irregular».
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