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B. HERNÁNDEZ
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 9 de octubre 2020, 01:00
El Parlamento de Canarias aprobará la próxima semana con toda probabilidad un segundo pago del ingreso canario de emergencia puesto en marcha por el Ejecutivo como respuesta a las familias que no tienen ningún ingreso y que han visto empeorar su situación como consecuencia de la pandemia.
La comisión de Derechos Sociales dio ayer el visto bueno al dictamen sobre el proyecto de ley de Medidas Urgentes de Carácter Social para Personas en Situación de Vulnerabilidad como consecuencia de la covid, de tal manera que los grupos parlamentarios entienden que en el pleno de la semana que viene no habrá ningún problema para dar luz verde a esta ampliación del ingreso de emergencia.
Este segundo pago se abonará a las 15.862 unidades familiares -28.000 personas- que ya lo recibieron a finales de junio para hacer frente a la crisis social y económica derivada de la pandemia. El objetivo de la Consejería era poder hacer este ingreso este mes de octubre.
Esta cifra de beneficiarios queda lejos de la inicialmente prevista por la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, cuyas estimaciones señalaban que alcanzarían con esta iniciativa a unas 38.000 familias y unas 100.000 personas. El coste total de este primer pago ascendió a 6,3 millones, 10 millones menos que la cifra presupuestada por el Ejecutivo, lo que permitirá hacer frente con esta misma partida al segundo abono. La cuantía -que oscila entre 367 euros para unidades familiares de una sola persona y los 478 euros para familias de cuatro o más miembros- es el 75% de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
El portavoz de NC, Luis Campos, aseguró que las enmiendas incluidas en el proyecto de ley «han mejorado la cobertura» de las medidas sociales que entraron en vigor en abril cuando el Gobierno aprobó el decreto ley origen del ingreso de emergencia, las medidas para agilizar la prestación de inserción y la exoneración del alquiler de las viviendas sociales. Destacó Campos, sobre todo, la decisión de la Cámara de hacer un segundo pago del ingreso de emergencia porque es una apuesta para arbitrar «respuestas» orientadas a evitar que se agrande la brecha social.
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