Los ayuntamientos rechazan que se les culpe por el retraso de las licencias
La Fecam califica de «injustas e infundadas» las criticas de la patronal de la construcción a los funcionarios por las demoras indebidas
Loreto Gutiérrez
Madrid
Sábado, 15 de abril 2023, 07:41
La Federación Canaria de Municipios (Fecam) considera una «salida de tono» las duras críticas vertidas esta semana por las patronales de la construcción contra los funcionarios de los ayuntamientos por los retrasos en la concesión de licencias de obras mayores, que se alargan muy por encima de los plazos reglamentarios. Para el vicepresidente de la federación, Óscar Hernández, la reacción de los empresarios, denunciando las demoras ante el Diputado del Común en el caso de FEPECO o planteando que los técnicos municipales causantes de los retrasos respondan con su patrimonio, como ha hecho la AECP, es una «actuación impropia del papel que tienen que representar la asociaciones de constructores».
A su juicio, culpar a los ayuntamientos de un problema estructural de funcionamiento de la administración pública, generado por el exceso de burocracia que imponen los legisladores, es «una simplificación» y una «falta de análisis» que en nada contribuye a solucionar el problema.
«Lo que hacen la AECP y FEPECO es lo mismo que culpar al que lleva la camilla del mal funcionamiento de la sanidad pública», señala Hernández, «me parecen acusaciones infundadas y además injustas, porque la gran mayoría de los funcionarios, igual que los constructores, son profesionales que cumplen sus obligaciones», añade. El vicepresidente de la Fecam duda asimismo que las licencias se otorguen bajo criterios arbitrarios, como denuncian los empresarios, porque entiende que los niveles de garantías de las normas son tan altos que no cabe la arbitrariedad. Niega también que los retrasos se puedan atribuir al teletrabajo, porque entiende que el trabajo remoto bien gestionado favorece una mayor productividad.
«Lo que hacen los empresarios es igual que culpar al camillero del mal funcionamiento de la sanidad», señala González
En lo que sí coincide Hernández con los constructores es en que el exceso de normativa genera una intrincada burocracia que lastra los proyectos. «A los ayuntamientos nos castiga especialmente el exceso de normas que nos hace cada vez más inútiles», expone, «porque somos la administración más cercana, donde vienen los ciudadanos a buscar soluciones inmediatas y no les podemos dar respuesta, porque tenemos en despachos nacionales y en el Congreso a grupos políticos que filosofan y acaban generando un exceso de normas que es imposible comprobar si se cumplen o no». El dirigente de la federación de municipios asegura que si se fuera a hacer un estudio p pormenorizado de cada proyecto que se presenta para comprobar si cumple las múltiples normas vigentes «sería necesario que hubiera un técnico para cada licencia, y eso en los ayuntamientos en inviable», señala.
Para desatascar el cuello de botella, Hernández propone que las administraciones pongan a un grupo de expertos a trabajar en cómo simplificar los trámites para que cuando le lleguen los proyectos el técnico solo tenga que comprobar que están todos los documentos, sin tener que hacer un análisis pormenorizado para ver si cumple las normas. «La responsabilidad de que un proyecto esté ajustado a la normativa no debe recaer en el funcionario público sino en el proyectista», señala.
