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Imagen de la reunión del Consejo de Gobierno del pasado jueves, presidido por Ángel Víctor Torres. C7
La ayudas para el pago del IBI de los negocios hoteleros «no tienen fecha»

La ayudas para el pago del IBI de los negocios hoteleros «no tienen fecha»

El Gobierno aprueba el lunes un decreto-ley que agilizará la concesión de subvenciones por 80 millones a pymes y autónomos

B. HERNÁNDEZ

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 27 de febrero 2021, 00:00

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Los 165 millones que el Gobierno ha decidido destinar a paliar los daños ocasionados por las restricciones de la pandemia en el tejido empresarial de las islas no llegarán de una sola vez. En el decreto-ley que el Ejecutivo prevé aprobar el próximo lunes, después de haber quedado sobre la mesa en el Consejo del jueves para introducir «mejoras de última hora», solo se contemplan 85 millones para ayudas directas a pymes y autónomos.

La otra mitad de la partida, que estará destinada a abonar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de establecimientos hoteleros, «aún no tiene fecha», según indicaron ayer fuentes del Gabinete de Ángel Víctor Torres. Es más, todavía se desconoce si se desarrollará mediante otro decreto-ley o utilizará otra vía.

El Ejecutivo entiende que la puesta en marcha de estas ayudas al pago del impuesto municipal «es más sencillo» tanto en su «instrumentalización como en su ejecución. Por eso se ha dado prioridad a la tramitación del decreto-ley de ayudas directas, que finalmente se aprobará el lunes, con las bases y convocatorias y cuyo objetivo final es agilizar los trámites y que el dinero llegue cuanto antes a los empresarios. Según expuso el jueves el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, el Gobierno mantiene su previsión de que estos fondos «estén en marzo». El decreto-ley está siendo elaborado por la Consejería de Economía en colaboración con Hacienda y Turismo, y los titulares de estos tres departamentos presentarán sus detalles tras su aprobación.

En cualquier caso, sí puntualiza el Ejecutivo que los 165 millones «están disponibles» tras el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 18 de febrero, en el que se estableció tomar estos recursos de los remanentes de tesorería de los dos últimos años. Esta habilitación con cargo al superávit es posible por la suspensión de los objetivos de estabilidad, de deuda pública y la regla de gasto para los ejercicios 2020 y 2021, que permite a la comunidad autónoma destinar esos fondos a usos diferentes de la reducción de deuda.

Estos 165 millones de ayudas se suma a otra iniciativa del Gobierno de Canarias consistente en una moratoria fiscal, lo que permitirá una inyección de liquidez al tejido empresarial de 240 millones de euros. El decreto-ley que recoge esta iniciativa fue aprobado por el Ejecutivo a finales de enero y esta misma semana fue convalidado por el Parlamento regional.

Los empresarios piden rapidez

Tanto el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, como el presidente de los hoteleros de la provincia de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, reclaman al Gobierno «celeridad» en la tramitación de las ayudas para pymes y autónomos porque «es el oxígeno que precisan para sobrevivir» hasta que se recupere la actividad económica.

Así, Manrique de Lara indicó que «está en peligro la vida del tejido empresarial», por lo que considera «fundamental» estas ayudas que puedan contribuir a mantener la capacidad de recuperar el empleo cuando haya actividad y que, en su opinión, no será hasta octubre o noviembre.

Por su parte, Marichal insiste en la necesidad de que las ayudas lleguen cuanto antes a los sectores afectados y que el trámite administrativo «no sea tedioso», de tal manera que «no lleguen demasiado tarde para las empresas». Destacó que esta medida es importantes para «apuntalar el sector turístico» y confía en que se sucedan más iniciativas en el futuro, como la exoneración de tasas o rebaja de las mismas porque «algunas, como recogida de residuos sólidos, no sabemos por qué las seguimos pagando si no hay actividad y parte del tiempo estuvimos cerrados por el confinamiento». Además, reclama la Estado la ampliación de la carencia hipotecarias «que no cuesta dinero».

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