Discurso del Día de la Constitución

Quiero, además, darles a todos y ustedes la bienvenida a la Delegación del Gobierno en Canarias, y agradecerles que nos acompañen en la celebración del cuadragésimo sexto aniversario de la Constitución, un día en el que conmemoramos la aprobación de nuestra Carta Magna, un documento que no solo establece las bases de nuestro sistema democrático, sino que también refleja los valores y principios que nos unen como sociedad.

Expresa así mismo la necesidad de encontrar momentos de reflexión conjunta sobre lo que nos une y nos identifica como sociedad para poder después convertir nuestros valores y compromisos compartidos, en acuerdos y acciones. La sociedad española recordaba la pérdida de un régimen democrático, la guerra civil y el exilio y la dictadura. Éramos la anomalía europea, pues ya Grecia y Portugal habían inaugurado hacía unos años, su etapa democrática. Era el momento, además, de la generosidad y de los pactos que no pudieron ser en el pasado. Y recordemos que no era porque todos y todas pensaran igual, pues pertenecían a familias políticas bien distintas y también distantes. Pero les unía esa responsabilidad histórica: como decía Jorge Luis Borges, en un poema dedicado a su querida ciudad de Buenos Aires, no les unía el amor sino el espanto… Sí, aquí el espanto era nuestra propia historia contemporánea. Y ese sacrificio de todos para establecer un marco de convivencia, junto con la entrada en la Unión Europea, nos ha permitido vivir en paz el mejor periodo de nuestra historia en el disfrute de derechos y libertades junto a un progreso económico, no sin dificultades, sin precedentes.

El 6 de diciembre de 1978, los españoles decidieron, decidimos, dar un paso firme hacia la democracia, dejando atrás años de dictadura y opresión. La Constitución no solo fue un pacto político, sino un compromiso con la libertad, la igualdad y la justicia. En sus páginas, encontramos el reconocimiento de nuestros derechos y libertades fundamentales, así como la garantía de un Estado de derecho que protege a todas las personas que residen en nuestro país.

En los últimos años, la celebración de este día ha permitido destacar el papel de la Constitución en el progreso de la sociedad española, su origen en el más amplio y esforzado consenso de nuestra historia, su carácter de ACUERDO (con mayúsculas), que contiene valores, normas y un programa de construcción del futuro, plenamente vigente. Ha permitido destacar, en definitiva, su éxito y el de quienes la hicieron posible como fundamento de la convivencia, la cohesión y el progreso de nuestra sociedad; como constatación de que estamos construyendo cada día aquello que su artículo primero quería para nuestro país, un Estado Social y Democrático de Derecho.

Todos estos aspectos siguen vivos y se manifiestan en este nuevo aniversario del referéndum de aprobación del texto constitucional por parte de la ciudadanía, hace cuarenta y seis años.

No se equivoca quien piensa que la Constitución despliega toda su eficacia general sobre la política, sin excepciones ni particularidades. En efecto, también para los políticos, la Constitución es expresión de un consenso fundamental, es referente de valores y principios en los que sentirse reconocido, es norma que exige respeto y cumplimiento en nuestras acciones y decisiones, y es programa de futuro cuya efectividad debemos perseguir en el desarrollo de las políticas que impulsamos.

Pero a quienes nos dedicamos al servicio público corresponde una responsabilidad especial, fundamental para la garantía del mantenimiento de las funciones de nuestra Constitución.

Hoy, más que nunca, es importante recordar que la Constitución es un reflejo de nuestra diversidad. Permite márgenes para que proyectos políticos distantes tengan cabida en nuestra norma, pues tenemos que recordar que nuestra democracia constitucional no impide la discrepancia, en absoluto. Es un marco que nos invita a construir juntos un futuro en el que todas y todos tengamos voz y voto, donde se respete la dignidad de cada persona, sin importar su origen, creencias o circunstancias, y en la que se reconoce también nuestra diversidad cultural y nuestra complejidad como estado.

Pero la democracia también hoy tiene sus desafíos, aquí, en nuestro país, y también en nuestra aldea global. La polarización, la desinformación y la falta de diálogo son realidades que amenazan nuestra convivencia, y que provienen de la priorización hasta el absurdo de las dinámicas de enfrentamiento y exclusión respecto de las del acuerdo e integración. De ahí lo absurdo de que hoy carezcamos de un pacto que permita un nuevo marco legal que establezca la distribución equitativa de los menores extranjeros no acompañados que llegan a territorios frontera, como lo es hoy Canarias, pero como lo es también Andalucía, Ceuta, Melilla, Murcia, Comunidad Valenciana o Islas Baleares. Un absurdo más que nadie comprende.

En 1978, el constituyente creyó en la necesidad de reconocer y poner de manifiesto el papel esencial de los partidos para la nueva democracia española. Su prioridad estuvo en reforzarlos como esenciales para la garantía del pluralismo y de la gobernabilidad del sistema constitucional; su voluntad fue impulsarlos y reconocerles una función central en la convivencia y la política de la España del futuro, sin más exigencia que su respeto a las leyes y su funcionamiento democrático.

Tras la experiencia de nuestro desarrollo en democracia, podemos decir que el constituyente acertó plenamente en la necesidad de impulsar el desarrollo de partidos políticos capaces de asumir la responsabilidad de trasladar el debate plural a las instituciones y también de articularlo en acuerdos; en normas y políticas, que han propiciado el crecimiento y el progreso en nuestra historia reciente, una historia de éxito colectivo, con todos los matices que queramos incluir, pero de éxito.

En efecto, el comportamiento y la actuación de los representantes políticos y de los servidores públicos, es un factor fundamental para el refuerzo de la democracia, de nuestro sistema constitucional; o, al revés, para su cuestionamiento, la traslación de enfrentamiento, el alejamiento de parte importante de la ciudadanía y, en definitiva, la deslegitimación de la propia democracia.

La política, los políticos y los representantes públicos tenemos una especial responsabilidad en tiempos de crisis; en momentos en que las certezas devienen pocas, la inseguridad alcanza a más y más personas y la necesidad de encontrar refugio, esperanza y respuestas se extiende por toda la sociedad.

En ese contexto es alto el riesgo de ofrecer soluciones simples a problemas complejos, de generar división, exclusiones y atrincheramientos en las propias seguridades. Es alto el riesgo de impulsar una visión populista e irresponsable de la realidad y poner en peligro la cohesión social, los derechos de los otros y la capacidad de acuerdo e integración política, vitales en el sistema democrático.

Un riesgo que, la experiencia histórica nos lo muestra, acaba siempre en la deslegitimación de las propias instituciones representativas. La deslegitimación del otro no se agota nunca en sí misma; por el contrario, siempre conduce a la deslegitimación de lo común.

Frente a esta deriva, de la Constitución resultan exigencias que la política, que los políticos y los servidores públicos al frente de una responsabilidad institucional, debemos tener especialmente presentes.

En primer lugar, la consideración de la Constitución como pacto, como acuerdo fundamental. Para ello es necesario cuidar ese pacto, desde luego; mantenerlo y hacer honor al mismo. Y también actualizar y renovar su espíritu y su compromiso originario; saber prolongarlo y desarrollarlo con nuevos acuerdos que mantengan la vigencia social diaria del mismo. No lo olvidemos: la Constitución española es un acuerdo que debe revivir cada día para ser eficaz.

Esa eficacia exige también expresar la vigencia de los acuerdos fundamentales hoy; reconocerlos y manifestar su carácter de valor compartido hoy, alejando así los riesgos de debilitamiento del sistema que se derivan de desconocer o negar el consenso fundamental que nos une. Pactos y acuerdos exigen esencialmente un sólo requisito, la voluntad de alcanzarlos; a nosotros nos corresponde aportar esa voluntad y hacerla prioritaria.

En segundo lugar, la Constitución es también proyecto de futuro. Los objetivos y mandatos constitucionales, las grandes tareas que una Constitución no puede resolver, pero sí enfrentar e impulsar, se dirigen ante todo a los representantes políticos y a los representantes institucionales. Sirven sin duda a la integración de las ciudadanas y los ciudadanos, que ven así recogidos en la norma suprema sus valores y sus reivindicaciones esenciales; pero incluso esa fuerza integradora depende de que las instituciones y los partidos políticos asumamos esos objetivos y, sin cuestionarlos, planteemos, desde el pluralismo y la legitimidad de todas las opciones, las distintas estrategias y caminos para hacerlos realidad.

Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, reconocimiento de las personas con discapacidad, lucha contra las discriminaciones y frente a desigualdades estructurales, acceso a la vivienda, impulso de un sistema educativo público de calidad, protección del medio ambiente… y también garantía de la vida y la seguridad de todas, de todas las mujeres frente a la violencia de género que desde que tenemos registros nos ha robado por completo 1350* vidas de mujeres, niños y niñas, dañando enormemente a muchas más. Todos estos son mandatos constitucionales que siguen exigiendo acción inmediata ante las cifras y las realidades que demuestran que todavía estamos lejos de alcanzar ese objetivo.

Por suerte, la sociedad nos muestra con frecuencia el camino. Un claro ejemplo de ello lo hemos visto y reconocido hoy aquí: en la labor de Antonio Fernández Rodríguez y su compromiso con la protección del medio ambiente y con la ciencia pues él y su equipo, para orgullo de nuestro país, descubrieron los efectos que los sónares de las embarcaciones militares producían en el varamiento de diversos cetáceos, convirtiéndose así en una autoridad mundial en esta materia; en la Fundación Juan Negrín y su empeño en fomentar los valores del humanismo democrático y el progreso social, recuperando el enorme valor de la figura del científico y político hoy plenamente valorado por nuestra historia; en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y la humanidad que despliegan para curar y cuidar a las personas más desfavorecidas, y en especial a las personas con discapacidad, convirtiéndose en la primera entidad privada sin ánimo de lucro de nuestro país en materia sanitaria y sociosanitaria.

Personas e instituciones que desarrollan proyectos sociales que muestran la importancia y las posibilidades de la acción conjunta, de la generosidad, de la colaboración por encima de las diferencias, de la priorización de los empeños comunes para construir un mejor futuro.

Y, en tercer lugar, también para quienes nos dedicamos a la política la Constitución es norma exigible. Sus preceptos se dirigen en muchas ocasiones a las instituciones públicas. En nuestra labor institucional nos encontramos con frecuencia con mandatos constitucionales inequívocos, que nos están específicamente dirigidos. Podemos estar en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales, y hasta intentar modificarlas como ha ocurrido este año con la modificación del artículo 49 (que sustituyó el término 'disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales' por el de 'personas con discapacidad'), pero en tanto que vigentes no es cuestionable su cumplimiento. Quien discute el cumplimiento de la Constitución, por buenas que sean sus razones, pretende situarse por encima de ella.

Cumplir la Constitución es también mantener un comportamiento coherente con los valores fundamentales que fija el propio texto que acordamos entre todos y que debe seguir guiando nuestra actuación.

A ese comportamiento hace referencia un concepto nacido en las crisis constitucionales de entreguerras y común hoy a todas las democracias del mundo: el de la lealtad constitucional.

Lealtad a la Constitución no significa asumir sus opciones sin más. Requiere defenderla activamente, y exige algo que, pareciendo mucho menos, es mucho más porque se proyecta sobre nuestras propias acciones y no sobre las ajenas.

Ser leal a la Constitución exige, ante todo, reconocer la legitimidad del otro y sus propuestas; evitar convertir el debate político en constante reproche de inconstitucionalidad, porque dentro de nuestra norma suprema caben múltiples opciones políticas. Judicializar innecesariamente la política comporta politizar la justicia, pero sobre todo lleva a desconocer el espacio deliberativo que es propio de todo sistema político democrático.

Ser leal a la Constitución es aceptar y asumir la propia posición en el sistema constitucional y con ella la de los otros. Asumir que en ocasiones las opciones propias resultan mayoritarias y en otras deben limitarse a ser la alternativa minoritaria que queda fuera de la decisión final. Ser leal a la Constitución es aceptar la legitimidad del triunfo del otro y asumirlo con el esfuerzo de llegar a acuerdos más o menos amplios mediante la discusión y el debate.

La lealtad constitucional, se reclama más a uno mismo que al otro. La lealtad es ante todo autoexigencia, reclama ser consciente de la propia responsabilidad y estar a su altura. Por ello, mi apelación hoy a la recuperación de la lealtad constitucional se dirige, ante todo, a aquéllos que creemos en el ACUERDO, en la necesidad de actuar del modo más favorable para alcanzarlo, a quienes estamos comprometidos en exigirnos esa lealtad en nuestra propia conducta.

La Constitución es un legado que debemos cuidar y defender. No es solo un documento legal, sino un símbolo de nuestra identidad como nación. Por eso, en este día, hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que renovemos nuestro compromiso con los valores constitucionales. Debemos trabajar para fortalecer nuestra democracia, fomentar el respeto y la tolerancia, y construir puentes en lugar de muros.

Celebremos hoy no solo lo que hemos logrado, sino también lo que aún podemos alcanzar si trabajamos unidos. En este Día de la Constitución, recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Sigamos adelante con la esperanza y la determinación de seguir haciendo de España un lugar donde todos podemos vivir en paz, en democracia y en libertad. Sigamos esa senda, para poder decir con orgullo, como señalaba nuestro historiador ya desaparecido Santos Juliá, que nuestra Constitución no está caduca, está cumplida.