El alquiler de vivienda vacía estará por debajo del mercado pero con garantías de cobrar

Esta es una de las estrategias del departamento que dirige Pablo Rodríguez para contar con más viviendas a precios asequibles y dar respuesta a la emergencia habitacional que vive Canarias.

Tal como explicó en la comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Parlamento a petición de Nueva Canarias (NC), este objetivo requiere de distintas líneas de trabajo, entre ellas, construir más vivienda pública, incentivar la construcción de vivienda protegida o poner en el mercado casas inacabadas o vacías.

Sobre este último extremo, indicó que es «determinante, prioritario y clave para el Gobierno de Canarias», a pesar de que el programa puesto en marcha con este mismo fin en la pasada legislatura fue «un fracaso».

Ahora, con el ánimo de revitalizar este proyecto, la Consejería trabaja en mejorar el decreto de encargo del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) a Visocan, que estará listo este verano, dijo el consejero.

Entre las modificaciones figura, además de ofrecer garantías a los propietarios de que recibirán la renta mensualmente hasta que finalice el contrato, el compromiso de que recibirán su propiedad en las mismas condiciones en las que fue alquilada.

Además, la vigencia máximo del contrato será de siete años -hasta ahora este plazo era el mínimo- y al término del mismo se puede recuperar la casa. Asimismo, el Gobierno señala que todos los demandantes de vivienda, que en Canarias son en torno a 25.000, pueden acceder a este tipo de contratos.

Para materializar este programa, se prevé un acuerdo de colaboración con Provivienda, entidad que ya gestionó este plan con anterioridad y se encargará no sólo de la búsqueda de vivienda, sino de la selección de inquilinos, tramitar documentación y apoyo en la gestión incidencias.

Insistió Pablo Rodríguez en que -frente al precio medio de unos 500 euros fijado en el anterior programa- las rentas se aplicarán según el Módulo básico canario, con un tope del 5%. Esta ecuación supondría, puntualizó, entre un 20% y un 30% por debajo del precio del mercado.

De momento, el Gobierno está analizando «pormenorizadamente» las 211.000 viviendas vacías que hay en Canarias según el INE, porque la casuística es muy diferentes. Así, mientras una parte importante se encuentra en estado ruinoso o en mal estado, otras tienen problemas de herencia.

La portavoz de NC en esta comisión, Carmen Hernández, reconoció que no se pueden meter los 211.000 inmuebles vacíos en el programa, pero puntualizó que «si lo hacemos bien, igual se puede incentivar a los propietarios de al menos un 10%».

Reconoció que el anterior proyecto fracasó por la dificultad de ofrecer un precio inferior al del mercado libre. Además, propuso «territorializar» esta bolsa de vivienda vacía porque «no interesa una casa en cualquier lugar, sino que es un problema sangrante en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura». Además, indicó que las dos capitales canarias registran la practica totalidad de loo desahucios.

Pablo Rodríguez aceptó esta propuesta y dejó abierta la posibilidad de aplicar incentivos fiscales a los propietarios