Los alcaldes denuncian que se les obliga a subir la tasa de basura en enero
La Fecam critica que Madrid establezca un nuevo impuesto para reducir el volumen de residuos en vertedero antes de fijar una estrategia que indique cómo hacerlo
Los alcaldes canarios denuncian que el Estado «se ha inventado» un nuevo impuesto que grava el depósito de residuos en vertedero de los ayuntamientos, y que por tanto, les «obligará» a subir la tasa municipal de basura para hacer frente a esta medida a partir del próximo 1 de enero.
Se trata de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que, según la Federación Canaria de Municipios (Fecam), dispone que desde el próximo ejercicio, todos los ayuntamientos de España tengan que afrontar el pago de una tasa por llevar los residuos que generen a una planta de tratamiento con el fin de reducirlos.
El coste para los 88 ayuntamientos canarios ronda los 40 millones de euros el próximo año, mientras que a nivel estatal la cifra se acerca a los 800 millones.
El objetivo es desincentivar el depósito en vertedero y la clave, por tanto, «cuánto menos depositemos, menos pagaremos», apunta la Fecam.
Al respecto, el vicepresidente segundo de este órgano y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, indica que el malestar de los ayuntamientos tiene que ver con que «se da un plazo de tres años para definir una estrategia y establecer los mecanismos necesarios para mejorar la situación y reducir el volumen de residuos a tratar, pero se empieza cobrar desde el próximo 1 de enero».
Caramelo envenenado
Es «el caramelo envenenado que esconde la ley», ya que significa que los ayuntamientos tendrán que incrementar los ingresos para hacer frente a esta tasa.
En opinión de Hernández supone que «directamente nos están obligando a que el año que viene tengamos que subir la tasa de basura». Asegura que «los alcaldes nos negamos a incrementar la carga impositiva que ya se ejerce sobre los vecinos».
La previsión de la Fecam es que los ayuntamientos del archipiélago tengan que pagar el próximo año 40 millones para hacer frente a esta nueva tasa
Detalla que en este momento ya se está pagando por la incorporación de los residuos que se generan a diario. Sin embargo, la queja municipal hace referencia a esta «nueva tasa que castiga a los ayuntamientos y nos obliga a que repercutamos este coste en los ciudadanos, que son los productores de esa basura, para que los residuos que vayan a los vertederos sea inferior al volumen total que estamos mandando en estos momentos».
En el caso de Agüimes, explica su alcalde como ejemplo, supondrá un incremento de 800.000 euros en 2023. El impuesto, insiste Hernández, es para que se establezcan líneas políticas y mecanismos con carácter finalista para reducir la derivación a los centros de tratamiento «y que sea el menor volumen de restos que enviamos a los vertederos».
No están en contra de pagar
Puntualiza al respecto que «no estamos en contra de pagar, sino que igual que se da un plazo de tres años para establecer la estrategia que dé solución a un problema, es preciso que se ofrezca también la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ofrecer alternativas -coordinados con el resto de administraciones-, porque somos los primeros interesados en la sostenibilidad y la economía circular».
El vicepresidente de Fecam y presidente de la Comisión de Economía y Hacienda de esta entidad explica que «el punto de partida del trabajo que debemos realizar en este proceso debería ser un acuerdo que establezca las pautas para que la ciudadanía pueda reducir el volumen de residuos que genera».
Sin embargo, critica que «el Estado intenta convencer vía impuestos» para que se produzca ese cambio de hábitos. Esta medida se ha adoptado, dice, «con una total falta de presión» por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).
La queja por esta nueva tasa que deben ejecutar los alcaldes fue aprobada por unanimidad por el comité ejecutivo de la Fecam, así como por la Comisión de Hacienda, mientras que la asamblea de alcaldes de Gran Canaria ya había manifestado su crítica por este asunto, apunta Óscar Hernández.
El objetivo: pasar del actual 80% de residuos en vertedero al 10% en 2035
Uno de los objetivos que persigue la ley es reducir de manera radical el volumen de residuos que se deposita en los vertederos.
En concreto, se busca pasar del actual 80% al 10% en 2035. Los ayuntamientos canarios comparten esta premisa e incluso la fórmula de implantar una medida con carácter finalista que financie este proceso.
Su discrepancia, insiste el vicepresidente segundo de la Fecam, es la puesta en marcha de este nuevo impuesto en apenas dos meses y medio, en vez de dar prioridad a las medidas encaminadas a reducir la basura que se genera.
Esta tasa ya está vigente en algunas comunidades autónomas.
Según la ley «el uso de este instrumento económico es un mecanismo clave para avanzar en economía circular y en la consecución de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado en materia de residuos«.
Detalla que «supone un desincentivo para las opciones menos favorables conforme al principio de jerarquía de residuos, favoreciendo el desvío de los residuos hacia opciones más favorables desde el punto de vista ambiental, que puedan contribuir a reintroducir los materiales contenidos en los residuos en la economía, como, por ejemplo, el reciclado».
Agrega el texto que esta medida se ha configurado como impuesto estatal aplicable en todo el territorio español y se prevé la cesión del mismo a las comunidades autónomas mediante los correspondientes acuerdos en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica.
