Alcaldes y cabildos celebran el uso del superávit a la espera de la letra pequeña

La suspensión de las reglas fiscales anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido acogida como una «noticia muy positiva» por las corporaciones locales canarias, que de esta manera dispondrán de todos los recursos que hasta ahora mantienen ociosos en los bancos por las limitaciones que establece la Ley de Estabilidad. Entre remanentes de tesorería y superávit, los cabildos y ayuntamientos canarios disponen de más de 3.000 millones de euros acumulados.

A falta de conocer la letra pequeña del decreto, tanto desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como desde la Federación Canaria de Islas (Fecai) se indica que esta medida da respuesta a una vieja reivindicación de los cabildos y ayuntamientos del archipiélago y pone la capacidad de gasto «en su tejado».

En este sentido, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, considera «muy positivo» que el Gobierno de Pedro Sánchez proceda a la suspensión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y se abra a flexibilizar el techo de gasto «para que podamos recurrir a los remanentes, el superávit y la deuda que las corporaciones locales hemos pedido durante mucho tiempo por activa y por pasiva».

El Cabildo grancanario llegó a disponer de más de 300 millones de euros de remanentes, aunque Morales indica que ya se han gastado más de la mitad «a riesgo de un plan económico financiero al no estar suspendida la regla de gasto». Ahora, indica el presidente del cabildo, podrán utilizar los mas de 100 millones de euros que aún tienen en los bancos «sin este peligro».

También el presidente del Cabildo de La Gomera y líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, celebra el anuncio del Gobierno central y subraya que la flexibilización de la regla de gasto es «la única alternativa» que tenían las corporaciones locales porque es «imposible cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria con las condiciones que tenemos, no solo en este ejercicio sino en el que viene, en el que será absolutamente necesario disponer de mayores medios para atender tanta demanda» de los servicios que actualmente prestan las corporaciones locales y los provocados por las nuevas necesidades sociales a raíz de la pandemia del coronavirus.

Para Curbelo, lo «óptimo» sería que además del uso de los remanentes de tesorería y el superávit, el Gobierno central permita el endeudamiento a los ayuntamientos que no dispongan de estos recursos y plantea que «no será masivo, sino controlado por el Estado y hasta donde sea necesario para que estas corporaciones puedan afrontar este año y el que viene».

Por su parte, el vicepresidente de la Fecam y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, valoró también de manera positiva la decisión anunciada por María Jesús Montero y que los cambios sean para los años 2020 y 2021 «porque permite planificar el próximo año y no improvisando este año ya acabando». A su juicio, este cambio de criterio en el Gobierno delata que «era una cuestión de voluntad política» y resaltó que «no entiendo» el cambio de posición de la ministra de Hacienda , cuando hace poco defendía que el acuerdo firmado con la Femp era el único posible».

En cualquier caso, Hernández considera que se trata de una buena noticia que los alcaides canarios venían reclamando desde hace mucho tiempo y «que va en la línea de devolver a los ayuntamientos la capacidad de maniobra, especialmente este año, que la pandemia ha reventado la previsión de ingresos y el gasto social y de refuerzo para desarrollar las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia ha supuesto más gasto».

Entiende que estas medidas vendrán acompañadas de algunas limitaciones y señala que «quizá se mantenga un porcentaje para asegurar que las instituciones mantengan liquidez» aunque indica el alcalde de Agüimes que «a ningún ayuntamiento se le ocurrirá gastar en su totalidad el remanente de tesorería y el superávit».