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El alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez. Efe

El alcalde de Santa Cruz pide recurrir la Ley de Amnistía al Defensor del Pueblo

Bermúdez ha enviado una carta formal para pedirle que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la recién aprobada norma

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de junio 2024, 12:14

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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), ha emitido este martes una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para pedirle que presente recurso de inconstitucionalidad contra la la Ley de Amnistía, ya publicada en el BOE.

El nacionalista había manifestado sus intenciones desde el pasado noviembre, asegurando que utilizaría todas las armas jurídicas a su alcance para frenar la norma. «Es una magnífica ocasión para que el Defensor del Pueblo demuestre su independencia respecto al Gobierno de España», ha afirmado.

En la misiva enviada, Bermúdez asegura que vulnera principios constitucionales como la igualdad y hace referencia a la moción presentada en el Ayuntamiento en septiembre de 2023 en contra de la ley: «Recogía no solo el sentir de la mayoría representada en este consistorio sino también de una gran parte de la ciudadanía, magistrados, notarios, jueves, abogados, colegios profesionales, colectivos sociales y económicos...».

Además, se reafirma en que es su deber como alcalde «actuar en la defensa del bien común», de la ciudadanía a la que se debe, de la Constitución que juró y de los principios democráticos.

La solicitud está fundamentada en que esta amnistía vulnera la Constitución de 1978, los principios básicos de seguridad jurídica y de igualdad de todos los españoles ante la ley, así como la independencia judicial, dado que una ley que, en principio, debe ser algo general, se está utilizando como un instrumento político que plantea el privilegio para unos pocos.

Asimismo, la carta recoge que la ley promueve la fractura social y el conflicto entre instituciones, al haber sido vetada por el Senado, en base, entre otros informes, al de los letrados de esa Cámara, quienes también denuncian su inconstitucionalidad y los derechos que entran en conflicto con la arquitectura jurídica de la Unión Europea.

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