Alberto Rodríguez, pendiente del amparo del TC por la condena que le hizo perder el escaño

En medio del debate, Segoviano decidió retirar su borrador para estudiarlo mejor porque, si bien la mayoría progresista estaba de acuerdo en amparar a Rodríguez, no había unanimidad respecto a los motivos para estimar su recurso.

Fuentes de la corte de garantías detallan que la nueva ponencia de Segoviano propone igualmente dar la razón a Rodríguez pero no por una supuesta desproporción, sino porque expone que el Supremo vulneró el principio de legalidad penal al imponer la inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo como pena accesoria de la condena principal, que finalmente fue una multa.

El TS condenó a Rodríguez a un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, por propinarle una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar en 2014 en La Laguna (Tenerife) contra la llamada 'Ley Wert'.

El Supremo le acabó sustituyendo la pena de prisión por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros), si bien aclaró que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso de los Diputados. Para Segoviano, esta operación jurídica fue incorrecta porque al sustituir la pena de cárcel por una de multa ya no era posible mantener la inhabilitación.

Rodríguez acudió al TC para combatir la sentencia del Supremo pero también presentó un segundo recurso contra el acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2021 por la entonces presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para retirarle el escaño después de que el TS le condenara.

El Constitucional fallará ahora sobre el primer asunto, dejando el segundo para más adelante.

A ello se suma que el exdiputado 'morado' lleva desde enero de 2022 a la espera de que el TC conteste a una medida cautelar, con la que buscaba que se le devolviera el acta de diputado, que planteó al mismo tiempo que pidió amparo al Constitucional.

La Fiscalía del Tribunal Constitucional apoyó amparar al político canario por la retirada del escaño, no así en la impugnación contra el fallo del alto tribunal.