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La Agencia Tributaria Canaria (ATC) necesita implementar su plantilla para acometer con éxito los objetivos fijados, si bien ha estructurado un plan de transformación digital «para que lo que puedan hacer las máquinas lo hagan las máquinas y el poco personal se dedique a pensar».
La situación de la ATC fue expuesta ayer por su directora, Raquel Peligero, en la comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento regional, donde compareció a petición de Nueva Canarias (NC) para detallar su plan de medidas contra el fraude fiscal.
Al respecto, detalló que cuando llegó a este puesto, en 2019, la relación de puestos de trabajo (RPT) era de 743 plazas, de las que solo estaban ocupadas 437. Además, señaló que «el ritmo de jubilaciones» también dificulta que se puedan cubrir todos los empleos de la Agencia.
Además han de hacer frente a nuevos desempeños, como el impuesto sobre los residuos o la devolución del IGIC.
Cambio de paradigma. Peligero se refirió al «cambio de paradigma» que «explica y acompaña» al contribuyente.
Ingresos inducidos. Así, indicó que una parte de la subida de los ingresos tiene que ver con las «cartas amables» en las que instan al ciudadano a cumplir.
Incremento. De esta manera se recaudaron 129 millones en 2022, casi el doble que en el ejercicio de 2020.
Este problema también afecta a la gestión de los fondos europeos Next Generation de la Agencia Tributaria. Apuntó la directora que tienen un plan «muy ambicioso» y han creado una unidad administrativa con 16 puestos que no están ocupados en su totalidad.
Aún así, entiende que podrán ejecutar los citados recursos porque cuentan con «una estructura bien armada».
En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, destacó el énfasis que está poniendo la agencia en la recaudación voluntaria de los contribuyentes frente al sistema de sanciones, y que incluye lo que denominó «cartas amables» para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
A su juicio, «se le facilita las cosas al que quiere cumplir y el que no, ahí nos va a encontrar». Raquel Peligero hizo hincapié en que, utilizando esta fórmula, el cumplimiento voluntario se ha incrementado de manera notable.
Indicó en este sentido que los ingresos fiscales aumentaron en 2022 un 40% respecto a 2021. De este porcentaje, un 7,5% lo achaca a la inflación, mientras que el resto corresponde a la mayor actividad económica, con un 20% de crecimiento por las declaraciones voluntarias, según sus cálculos.
«Ahora está aflorando la economía porque hay más declaraciones, y eso con la guerra de Ucrania, el volcán y el covid», dijo.
Destacó que en el ejercicio de 2022, las declaraciones respecto a 2019 se incrementaron un 11% al pasar de 1.310.000 a 1.353.000. De esta cifra, 20.090 correspondían a grandes empresas en 2022, lo que supone casi 2.000 más que cuatro años antes, con unas cuantías que pasaron de los 452 millones a los 516 millones.
Asimismo, la directora de la Agencia Tributaria reconoció que en España «estamos desafasados» respecto a otros países europeos en la lucha contra el fraude fiscal porque «no hay conciencia fiscal, no hay conciencia cívico tributaria», una cuestión que pretenden paliar visitando colegios y haciendo pedagogía «explicando para qué sirven los impuestos», señaló.
La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Victoria González, reprochó a los grupos parlamentarios su «falta de voluntad» para suprimir la exención fiscal del IGIC para el comercio electrónico en artículos y servicios de menos de 150 euros, y les pidió que sean «valientes», informa EFE.
González compareció en la comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda, en la que denunció que esta medida fiscal «distorsiona el mercado» porque «beneficia a unos pocos», en especial a las multinacionales, a las que incluso desincentiva a invertir en las islas.
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