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Varios profesionales de la Administración pública asistieron a la formación en Gran Canaria y Tenerife. C7

La Administración canaria se forma para mejorar la contratación pública en el archipiélago

Hacienda organiza unas jornadas para dar a conocer a los empleados fórmulas alternativas al concurso abierto y que recoge la ley

Ingrid Ortiz Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de diciembre 2021, 01:00

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La búsqueda de la agilidad y la eficiencia en la gestión de los recursos son dos de los principales objetivos que se ha marcado la Consejería de Hacienda en su plan estratégico. De ahí que la Comunidad Autónoma quiera apostar, también, por la mejora de los sitemas de contratación -a través de unas jornadas de formación dirigidas a los propios empleados- con el objetivo de profesionalizar al sector. Se trata del primer seminario sobre contratación pública socialmente responsable y finalizó ayer en Santa Cruz de Tenerife después de otra jornada intensa que se celebró el lunes en la capital grancanaria.

Un total de 452 técnicos y responsables de ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias asistieron tanto presencial como telemáticamente a la cita en la que se abordaron, fundamentalmente, algunas fórmulas de contratación que permite la ley y que, en cambio, no se utilizan por desconocimiento. «El motivo es que son mecanismos bastante recientes -explicó el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Istúriz- ya que se enmarcan en un apartado de la nueva ley de 2017 que lo que hizo fue trasponer al derecho español la directiva europea».

Si bien la vía tradicional para las licitaciones es el concurso abierto, Istúriz llamó la atención sobre otros procedimientos «interesantes» como la información pública, que pasa por dar a conocer los pliegos antes de la convocatoria oficial para recibir aportaciones de mejora, o la consulta preliminar del mercado. Esta fórmula consiste en transmitirle una determinada necesidad -a través de una plataforma de contratación del Estado- y en función de la respuesta recibida por parte de las empresas, concretar la licitación más adecuada. «Esto permite, también, hacer una gestión más eficiente de los recursos públicos, ya que se oferta un precio ajustado al mercado».

Otros aspectos recogidos en la ley son los acuerdos marco, que apenas se han puesto en marcha, las cláusulas medioambientales o los sistemas dinámicos de contratación, que recientemente se ha empezado a implantar en el Servicio Canario de Salud. «Esto supone una gran mejora -admite Istúriz- porque te ahorras sacar licitaciones una y otra vez». Para simplificar la explicación, el director general utiliza una analogía: en una empresa, un empleado necesita una impresora K-2 y elabora la petición correspondiente para comprarla. Cuando otro empleado necesite también la máquina, ya sabemos que el modelo a comprar es el K-2, por lo que no es necesario hacer todo el proceso desde cero.

El director general asegura que las sesiones han sido acogidas con entusiasmo por los participantes, en especial los de los municipios, que presentaban un menor grado de profesionalización. Si bien el personal de Gobierno ya es «experto», al estar «continuamente contratando», predominan los técnicos cuya experiencia diaria no les permite ahondar en la materia. «Esperamos que en estas jornadas hayan adquirido las capacidades necesarias, aunque el trabajo de formación continuará de cara a mejorar en todo lo posible la contratación pública», concluyó.

En las dos sesiones participaron diversos especialistas de la Administración Pública: Ana Marín, abogada del Estado y ponente del Tribunal central de recursos contractuales; Olga Peñalver, jefa de contratación de la Autoridad Portuaria de Baleares; Eduardo Calderón, vicepresidente de la Red Anagos; Mª Eugenia León, presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias y Julia Martín, jefa de servicio de la oficina de contratación del Cabildo de Tenerife.

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