Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

«La administración autonómica es efectiva, pero obsoleta»

- Este apoyo ha generado malestar en el PP. ¿Ve problemas de futuro en la relación del pacto?

- No creo que esto afecte a ningún tipo de relación ni presente ni futura. Ambas partes tenemos claro que es el mejor pacto para Canarias y que lo que hemos acordado como partido en Madrid sigue siendo bueno para las islas. Otra cosa es la posición política que el PP está ejerciendo a nivel nacional. Aquí compartirán algunas de esas críticas, pero en lo que beneficia a Canarias y está en la agenda canaria - firmada con el PP y con el PSOE- no beneficia a una parte del Gobierno, sino a todos y, sobre, todo a los canarios. En esto no hay ningún tipo de duda ni creo que surja ningún problema. Otra cosa es la estrategia política que no tiene que ver con el día a día de los ciudadanos.

- El Parlamento ha decidido tramitar el decreto de recuperación urbanística de La Palma como proyecto de ley. ¿Qué supone?

- En la pasada legislatura hubo muchos decretos sobre La Palma pero no fue posible tramitarlos como leyes para hacer aportaciones. En este caso, el objetivo es blindar el decreto con la máxima seguridad jurídica y pretendemos que sea un precedente para futuras erupciones en Canarias. Es el punto mínimo de partida. No creo que se vayan a hacer grandes modificaciones, pero dará seguridad a la parte urbanística de recuperación y construcción en la isla, algo urgente desde hace tiempo.

- Se ha comprometido a desplegar la policía canaria en todas las islas. ¿Qué tiempos maneja?

- Estamos ultimando el plan estratégico de la policía en todas las islas. Canarias tiene ahora mismo 278 efectivos de la policía autonómica. A ellos se suma una convocatoria de la OPE del 2022 de 61 plazas y se convocarán otras 83 de la OPE de 2023, además de 100 plazas contempladas en los presupuestos de 2024. De esta manera, superaremos los 300 agentes que era el marco para iniciar el despliegue. Nuestro compromiso es empezar en Lanzarote y La Gomera y el despliegue está previsto para los cuatro años de legislatura, de manera que haya un destacamento en cada una de las islas no capitalinas en 2027.

- La cifra de 300 agentes es lo que había planteado Canarias para negociar la financiación de este cuerpo con el Estado. ¿Se ha iniciado esa negociación?

- Esta medida estaba recogida en una propuesta de acuerdo entre Canarias y el Estado, que no llegó a materializarse, cuando nació la policía canaria. Aunque estaba pactada no se cerró, pero siempre hemos trabajado con esta cifra. En la primera reunión que tuve con el ministro de Interior, Grande-Marlaska, en esta legislatura, le adelanté que estaríamos en 300 agentes este año y, a partir de ahí, nos gustaría retomar esta propuesta para trabajar en la financiación de la policía autonómica, igual que ocurre en Cataluña o el País Vasco. Uno de los puntos que también tiene que ser objeto de negociación este año, porque es de interés para Canarias, son las transferencias de la seguridad privada porque complementa la seguridad en Canarias y queremos dejarla organizada esta legislatura.

- Donde siguen enquistadas las posiciones es en la coordinación de las policías locales

- Este tema me preocupa mucho porque necesitamos avanzar en asuntos que son vitales para la policía local y que deben incluirse en la ley de coordinación. Tenemos que hacer un esfuerzo por que estén bien dotadas, por que los ayuntamientos tengan los agentes suficientes, formación permanente, que se actualicen los medios... y eso depende mucho de tener una ley que coordine y que Gobierno y ayuntamientos tengan una prestación de servicios, fondos y colaboración permanente. Se hizo una ley en 2018 -cuyos texto se aprobó por unanimidad en la comisión de coordinación de las policías locales- y a petición de los grupos parlamentarios se tramitó como proposición de ley, pero no dio tiempo a sacarla. En el mandato pasado se hizo un nuevo texto bastante diferente y empiezan las diferencias de Fecam y los sindicatos, porque unos apoyan el texto del 2018 y otros el de 2023. Yo lo que les he trasladado es que nadie va a salir con el 100% de lo que quiere. Se necesita consenso y todos debemos ceder.

- ¿Y hay disposición a ceder?

- Ahora es complicado. En este momento no hay voluntad clara de ninguna de las partes por ceder. Nosotros lo vamos a intentar. Desde septiembre pretendemos convocar la comisión y mi intención es que no pase de febrero, porque hay otros asuntos que resolver. Si las posturas se mantienen enfrentadas, habrá que ver qué camino tomamos para avanzar en la coordinación y reorganización de las policías locales. Pero insisto, hay que ceder por todas las partes y mi objetivo es alcanzar un consenso y que haya equilibrio para todos. Si hay voluntad, habrá cesión. Si no, las posturas seguirán enfrentadas.

- El Gobierno ha propuesto cerrar un pacto por la productividad. ¿Qué balance hace de la productividad del sector público?

- Para evaluar la productividad, lo primero es empezar a trabajar en la dirección por objetivos. Se empezó hace mucho tiempo y hay que terminar de aplicarla en todos los servicios, porque es lo que permite evaluar si el desempeño de las funciones diarias cumple unos mínimos. Europa camina en ese sentido. También el Estado, que a finales de diciembre aprobó un decreto de medidas en Función Pública para evaluar el desempeño de las funciones, el ascenso de los funcionarios, valorar conducta profesional... Ahora hay que desarrollar ese decreto porque hacia ahí va encaminada la política de Función Pública. No va a ser mañana, pero hay que ir estableciendo los parámetros que permitan evaluar si cada puesto de trabajo desempeña las funciones que debe hacer y concluye con un balance de productividad.

- ¿La administración canaria es productiva, eficaz y eficiente?

-Un dato concreto no tenemos, pero la administración canaria es efectiva. El problema es que tenemos una estructura obsoleta. Es la misma con la que nació la autonomía. Y la sociedad ha cambiado, la manera de relacionarnos con los ciudadanos y las empresas ha cambiado, los trámites han cambiado, pero la administración no. Sigue igual desde la forma de acceso a la estructura orgánica y funcional. Y es preciso adaptar esa estructura de la administración a la realidad. No se puede hacer de un día para otro, pero vamos dando pequeños pasos. Y hay que empezar por el personal. La manera de examinar a una persona no puede ser la misma de hace 30 años. Hay que valorar y evaluar otras capacidades que permitan que quien se incorpore lo haga con una estructura nueva y funciones nuevas.

- A final de año acaba el plazo para la estabilización de los empleados públicos. ¿Cumplirá Canarias con esos tiempos?

- El Estado dio tras años para culminar este proceso y la realidad es que Canarias estuvo un año y medio solo para sacar las bases de estabilización. A partir de ahí, el grueso del trabajo y lo que lleva tiempo se ha tenido que hacer en solo año y medio. Eso es complicado, pero nos hemos comprometido a hacer todo lo que esté en nuestra mano para cumplir ese plazo. En Función Pública -que lleva la parte de la administración general- este asunto es prioritario y el personal se está dedicando a esto de manera preferente y a los procesos selectivos en marcha. Y quiero reconocerles el trabajo que han hecho y que ha sido in extremis. Le he pedido a los sindicatos que nos echen una mano y que haya reuniones periódicas para meternos presión si queremos cerrar el proceso este año.

- ¿El plazo es inamovible?

-Hay un 'run run' del Estado sobre la posibilidad de que cuando llegue la fecha se amplíen plazos. Nosotros no queremos hablar de eso porque entonces nos relajamos. Vamos a meternos toda la presión que podamos este año para llegar a 31 de diciembre de 2024 con todos los procesos terminados. El respiro sería bueno que lo dieran el 1 de enero de 2025 si no están concluidos, pero si nos lo dan ahora, puede ser que nos relajemos y creo que estamos en márgenes para sacarlo adelante.

- El teletrabajo sigue generando controversia porque hay personas que entienden que no se les atiende bien. En noviembre ya se puso en marcha una segunda jornada de trabajo en remoto con posibilidad de una tercera. ¿Como está funcionando?

- En Canarias hay un decreto de teletrabajo de mayo de 2023. Cuando llegamos nosotros al Gobierno, creamos una comisión entre Función Pública y Hacienda para evaluar el teletrabajo y ver donde había que mejorar. Tenemos un decreto bastante restrictivo que requiere cumplir unos requisitos. El problema es que nadie controlaba que el decreto se estuviera aplicando o que sus exigencias se estuvieran cumpliendo. Para que un empleado público teletrabaje, tiene que haber un plan de organización del teletrabajo en el servicio y cumplir con unos requisitos muy exigentes. Además, el segundo día de teletrabajo no es obligatorio. Se puede otorgar, igual que un tercero, pero depende de que se cumpla ese plan y que el trabajador cumpla con lo comprometido, pero es reversible, no un derecho. Lo que ha ocurrido en noviembre con la entrada del segundo día del teletrabajo es que la mayoría de los servicios no tenían previsto el plan de teletrabajo y los trabajadores tampoco lo habían implementado como exige el decreto y se ha parado en muchos servicios. Hemos creado un comité de evaluación valorará si los planes se cumplen o si hay dejación del trabajo. Si eso pasa, existe la obligación de revertir el día de teletrabajo. Si queremos que funcione como herramienta de organización, tenemos que ser estrictos en su cumplimento. Si no, se produce esa sensación en muchos ciudadanos de que no te atienden, y eso no puede ser.