El establecimiento de líneas de Obligación de Servicio Público permitiría fijar un precio máximo a los billetes. / arcadio suárez

CC acusa al Gobierno de «no mover un dedo» para controlar las tarifas aéreas

Los nacionalistas llevan a las Cortes una iniciativa con medidas concretas para fiscalizar la subvención del 75% y garantizar precios razonables

Loreto Gutiérrez
LORETO GUTIÉRREZ Madrid

En abril de 2020 los Gobiernos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla celebraron una cumbre sobre transporte y elevaron al Ejecutivo estatal una serie de propuestas para mejorar la conectividad de los territorios extrapeninsulares, entre ellas fiscalizar el sistema de fijación de precios de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados y dar a conocer públicamente las conclusiones de los estudios relativos al encarecimiento de los billetes.

Más dos años y medio después de esa cumbre, Coalición Canaria (CC) acusa al Gobierno estatal de «no haber movido un dedo» para controlar las tarifas aéreas y garantizar que la bonificación del 75% del precio del billete a residentes, vigente desde julio de 2018, repercuta de verdad en el bolsillo de los usuarios y no en la cuenta de resultados de las compañías aéreas.

Los nacionalistas dudan del anuncio que han hecho ahora los senadores socialistas canarios, asegurando que el Gobierno estatal ha retomado la idea de poner en marcha una línea de Obligación de Servicio Público (OSP) con la península a modo de experiencia piloto para poder fijar un precio máximo y analizar cómo repercute en la conectividad.

«Eso lo llevan diciendo mucho tiempo y no han hecho nada, es más de lo mismo», asegura la diputada de CC por Las Palmas, María Fernández, quien atribuye que el PSOE vuelva a sacar el tema a la cercanía de las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

«No hay una solución única, no basta con pedir una OSP entre otras cosas porque requiere la autorización de la Unión Europea y ya han dicho que no en varias ocasiones», señala, «hay que seguir estudiándolo, pero lo que no cabe es quedarse mientras tanto de brazos cruzados como hace el Gobierno, porque el 75% cada vez cunde menos y para los no residentes los precios son prohibitivos», añade.

Ante lo que consideran una «dejación de funciones» del Ejecutivo estatal, CC ha presentado una proposición no de ley, registrada el 24 de noviembre en el Congreso y en el Senado, en la que retoman las principales propuestas que salieron de la cumbre del transporte hace dos años.

En su iniciativa, los nacionalistas instan al Ministerio de Transportes a crear una mesa permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares que haga el seguimiento y control de la movilidad, establecer Obligaciones de Servicio Público para determinadas rutas con la península sobre la base de tarifas máximas o de referencia, y muy especialmente fiscalizar el establecimiento de tarifas de las aerolíneas para impedir una inadecuada aplicación del 75%.

«Se supone que el Ministerio tiene un observatorio de precios, pero nunca han dado información sobre los estudios, si los hubiera, ni comunicado las conclusiones», señala Fernández, «es necesario que se actúe con transparencia respecto a la actuación de las compañías», añade la diputada de CC.

La iniciativa nacionalista reclama también que se autorice la participación de las comunidades autónomas en los órganos de decisión de AENA y la gestión compartida de las instalaciones aeroportuarias, para desarrollar una gestión «más efectiva y ajustada a nuestra realidad social, económica y territorial».

Asimismo, CC pide al Gobierno que haga un seguimiento del proceso de adquisición de la compañía Air Europa por parte del Grupo IAG, porque entiende que la concentración empresarial resultante «puede tener consecuencias negativas en aquellas rutas en las que existe una presencia predominante de ambas aerolíneas».